La ruta se exploró con éxito en otros países. Italia y España la aplican sin clemencia. La industria del secuestro y de la extorsión es prácticamente inexistente.
Allá aplican el principio que propone Guillermo Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte: considerar al plagiario como empresario de ese ilícito y anularle las ganancias. En aquellos países, las leyes impiden a los familiares de la víctima pagar por su liberación, de modo que los secuestradores saben que no obtendrán nada a cambio por su delito: sólo la cárcel.
II. El factor clave es el marco legal. La denuncia inmediata de un secuestro es obligatoria, por ley. Las autoridades, en cuanto reciben la denuncia, operan en forma inmediata en varios flancos: bloquean cualquier transacción posible en los bienes de la familia, de modo que se le imposibilita pagar el rescate. Congelan las cuentas de banco, retienen facturas de autos y embargan los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad.
III. Se aplica, pues, la política de la no negociación. No se recomienda a la gente encerrarse a piedra y lodo; al contrario, se le anima a armarse de valor, pero se le da la armadura: se le garantiza una respuesta inmediata para que, en caso de ser víctima del delito, se anule cualquier posibilidad de intercambio entre secuestradores y familiares de las víctimas. Incluso, se sanciona severamente a quienes se atrevan a propiciar tratos particulares sin dar aviso a las autoridades.
IV. Aquí, en cambio, diputados y senadores ni piensan, siquiera, reformar de fondo leyes e instituciones para acorralar a los criminales. Se ocupan de cosas importantes, como pasear y beber ginebra a orillas del mar. Así como está la policía es imposible congelar los bienes de las familias: encima de la angustia tendrían que soportar que orangutanes uniformados, aficionados a la tortura, revisen sus propiedades.
En este país, dice María Elena Morera, el que debe dar protección está, ahora, coludido con los delincuentes.
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