Federalismo de dos caras / Onésimo Flores

No se vale ser federalista frente al Gobierno nacional y centralista frente a los municipios. No es legítimo pedir mayores recursos a Hacienda, y mantener a los Ayuntamientos al borde de la quiebra. No es congruente decir que las delegaciones federales quieren imponer su agenda o politizar sus programas, y después darse la vuelta y hacerle precisamente eso a los alcaldes.

En Coahuila, el Ayuntamiento que no baila al son del Gobernador, no tiene ninguna posibilidad de dar buenas cuentas al electorado. El control que ejerce el Ejecutivo sobre los recursos públicos es férreo y absoluto, y que me perdonen los aludidos, pero en esta materia el Congreso del Estado ha demostrado ser de chocolate.

La Ley federal de la materia establece que al menos 20 por ciento de las participaciones que lleguen a las entidades federativas, deberán distribuirse entre los municipios, “en la forma que determine la legislatura respectiva”. Subrayo que es “al menos” 20 por ciento. Nuestros diputados y su jefe, bien podrían haber demostrado su disposición federalista ampliando este porcentaje, como ya han hecho los estados de Morelos, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Nayarit, Jalisco y Tabasco. Pero no, la Ley estatal que rige el reparto de recursos federales a los Ayuntamientos —aprobada apenas el pasado 11 de diciembre— se limita a confirmar el mínimo obligado. Es decir, en algo que ya está a su alcance, las autoridades de Coahuila se declaran conformes con un federalismo de “apenitas”.

Como los presupuestos son estimaciones sujetas a un margen de error, no es raro que finalmente entren a las arcas del estado recursos adicionales a los previstos, como ocurre cada vez que hay fluctuaciones en el precio del petróleo. Por lo mismo, la Legislatura local podría haber establecido reglas claras para distribuir estos recursos excedentes entre los municipios. Así lo han hecho ya los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. En Coahuila en cambio, todos los Presupuestos de Egresos aprobados por la actual Legislatura permiten al Gobernador gastar cualquier excedente de forma discrecional.

Es decir, si los alcaldes desean ver obras en sus municipios están obligados a visitar el Palacio Rosa, y como diría don Miguel Ramos Arizpe, acudir con quien manda para “mendigar favores”. Cada año estos favores se convierten en un convenio mediante el cual los Ayuntamientos comprometen la mayor parte de su presupuesto discrecional con tal de acceder a los fondos controlados por el Estado. Por supuesto, la negociación no es entre iguales. El alcalde no tiene alternativa, pues el Gobernador es dueño del bate, de los guantes, de las bases, y del estadio completo. Para jugar, los Ayuntamientos prácticamente deben renunciar a su de por sí mermada autonomía, para transformarse en meros brazos ejecutores del Gobierno Estatal.

Y en ocasiones ni eso. Los contratistas llegan pre-seleccionados. El diseño y el ritmo de las obras se definen en el Palacio Rosa. Los programas sociales, aquellos que pueden generar estructuras electorales, son administrados directamente por estructuras paralelas del Gobierno Estatal. Y a todo mundo debe quedarle claro quien merece las palmas. Ay de aquél alcalde que olvide mencionar en sus discursos —en ocasiones al principio y al final— que todo es posible gracias a la buena voluntad del Señor Gobernador. Con Él todo, sin Él nada.

Los jefes de Policía son palomeados por el Gobierno Estatal. Los contratos de publicidad no se otorgan ni se retiran sin la venia del “jefe”. Si el Ejecutivo considera, por razones sentimentales o estratégicas, que algún proyecto municipal es prioritario, simplemente lo absorbe —como fue el caso del Gran Bosque Urbano de Saltillo—. En cambio, aquellos proyectos municipales concebidos sin consultarse con el Palacio Rosa nacen muertos. Si no me creen, pueden preguntarle al ex-alcalde de Torreón por su intento de modernizar el transporte público.

Lo que ocurre con los Ayuntamientos coahuilenses es triste. Dado que el Gobernador se asume como representante de “la gente”, y en virtud de no hay Congreso que diga basta, el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía se torna cada vez más irrelevante. Ahora que está en la mesa de debates nacional la sustitución de las policías municipales por una estatal, me pregunto si la discusión tiene sentido en Coahuila. En los hechos, no sólo la Policía, sino el Ayuntamiento completo ya ha sido suplantado, minimizado o absorbido por el Estado. Y eso se llama centralismo, sí, el mismo que el Gobernador denuncia frente a micrófonos nacionales.

onesimo@mit.edu
twitter: @oneflores

Publicado en el periódico Vanguardia de Saltillo

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
Esta entrada fue publicada en Coahuila, México. Guarda el enlace permanente.

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