Tiempos y Destiempos de Reformas / Liébano Sáenz

Desde 1997 el proceso legislativo de reformas legales se ha dificultado en razón de las fechas electorales. Los cálculos de costo-beneficio, en términos de votos, terminan estableciendo los tiempos de la decisión parlamentaria y sus contenidos. Como hipótesis de trabajo en un diagnóstico político racional, como lo han hecho algunos altos funcionarios del gobierno, es no sólo una posibilidad sino también una probabilidad en función del procesamiento de algunas iniciativas cuyo envío, día con día, parece inaplazable y, al mismo tiempo su discusión y aprobación menos viable. Los tiempos del Poder Legislativo no son los mismos que los del Poder Ejecutivo o que los de la opinión pública. Siempre, sin embargo, cabe la posibilidad, de diseñar la ingeniería de las reformas indispensables en el marco de un proceso que contemple secuencias, interacción con actores, alcances de los cambios, evaluación detallada de las franjas de coincidencias de los participantes en la deliberación.

Ya es un lugar común la insatisfacción con los resultados tangibles y concretos de la democracia mexicana. El ánimo es de cambio, sinónimo de legislación, de la materialización del mandato representativo. Los tiempos de la política real, a los que no se puede exhortar ingenuamente que hagan a un lado los partidos políticos y los factores reales de poder hacen aconsejable que el intento por actualizar nuestro marco jurídico y ponerlo a punto con las exigencias mundiales de competitividad y flexibilidad decisoria sea en este año, pues, por obvias razones, las posibilidades del 2011 o 2012 son cercanas a cero.

El Poder Ejecutivo envió al Senado una ambiciosa iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de régimen político. La propuesta ahí está y habrá tiempo para discutirla en profundidad y detalle. Esa iniciativa, no obstante, desde mi punto de vista, no necesariamente refleja la mayor prioridad del Presidente y tampoco del Legislativo, o al menos, no de todo el Legislativo.

No se debe caer en la falsa premisa de que la reforma política es condición necesaria de reformas económicas que con modalidades y fórmulas diferentes está reclamando el Estado mexicano en su mejor acepción, es decir, todos, sociedad y autoridad legalmente constituida. Por tanto no parece apropiado vincular funcionalmente una reforma con otra, ni temporalmente.

Existen incentivos para todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados para impulsar adecuaciones duraderas e importantes en materia de hacienda pública. La diversidad del poder real en México hacen posible que para los tres órdenes de gobierno se forje un piso común de interés en unas finanzas públicas sanas, de manera que todas las fuerzas políticas se corresponsabilicen y compartan costos políticos inmediato.

El problema impositivo, en cuanto a diagnóstico, ha sido estudiado, debatido y perfeccionado, al menos, desde hace más de 50 años, desde que en pleno desarrollo estabilizador el Banco Central comenzó a encargar estudios a diversos especialistas de prestigio mundial, como Nicholas Kaldor, a fines de los años sesenta. Fueron larguísimas las discusiones en materia impositiva durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo que cristalizaron en la aplicación del IVA. Son cincuenta años de debate que en términos razonables ya no admiten mayor aplazamiento. Qué sí y qué no, en un marco que otorgue certeza a los inversionistas, equidad a los contribuyentes, incentivos a la formalización de quienes hoy eluden por necesidad y porque las finanzas del Estado no proveen en cantidad y calidad los servicios por los que pretenden recaudar y tributar.

Una reforma económica de fondo no es sólo un ajuste necesario para mantener un determinado grado de inversión; se requiere un cambio cultural, de raíz, que pasa por la recreación del sentido de obligación política del ciudadano, de consentimiento y pertenencia, de rendición de cuentas de los gobernantes y de una mística que correspondan a los resultados con el discurso. Esa reforma, en mi opinión, no admite demora ni depende, subrayémoslo, de nuevos arreglos político-legales.

No caben los dogmas o autoritarismos partidarios. Concitar las voluntades y avales de los factores más relevantes, en un diálogo razonado y sin distingos de filias y fobias hacen viable que en materia económica, en 2010, México ingrese finalmente al siglo XXI. Existen las condiciones y signos tangibles por parte de las fuerzas políticas, en plural. Ya luego vendrán las elecciones, pero como decía alguien, en México siempre hay elecciones, todo el tiempo. 2010 debe ser el año y las circunstancias son propicias para constituirse en un punto de inflexión en la hacienda pública.

En cuanto a la discusión de la reforma política, las modificaciones que ésta sufra y su eventual aprobación o su rechazo, exigen una deliberación profunda. La diversidad temática de la iniciativa del Ejecutivo y la naturaleza misma de sus propuestas, por sus posibles consecuencias, requieren rigor en el análisis. No es una verdad que esos temas hayan sido suficientemente estudiados con una visión integral del régimen político del Estado mexicano. Se han expresado con vehemencia algunos puntos de vista, pero se trata de una iniciativa que se inserta, en lo que respecta a muchos de esos temas, en la ausencia de un debate, que no está ahora suficientemente discutido ni siquiera en los espacios mismos del propio Congreso.

No debe pasar inadvertido que los trabajos de la Comisión para la Reforma del Estado, creada al inicio de este sexenio solo hayan derivado en una reforma electoral que atropelló voces e intereses reales, que nos tiene todavía divididos en cuanto a opiniones no sólo de calidad de su funcionamiento, sino de fondo, en lo relativo a la vigencia de derechos y de libertades. Para una reforma política puntual se necesita un diagnóstico colectivamente validado del conjunto. Es posible afirmar que ese diagnóstico hoy no está a la vista de la nación. En el qué tan pronto y precipitado, hay que tener cuidado. Con un error de técnica política-jurídica se puede abrir la puerta a la desnaturalización del régimen constitucional mexicano y a un umbral irreparable de discordia.

En cambio, la reforma urgente de la vida económica de México y que por cierto, ya está muy estudiada, puede ser el punto Bicentenario y Centenario que nos reconcilie en el presente con un proyecto cierto de futuro. Es muy difícil y complejo, pero se puede si verdad se quiere.

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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