La Corte y la guardería ABC / Miguel Ángel Granados Chapa

Si las cosas en Palacio van despacio, apenas se cruza la calle Corregidora su marcha se hace más lenta aun. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto, se caracteriza por hacer del tiempo su aliado. En más de un espinoso caso ha dejado que los meses y los años transcurran hasta dejar sin materia el asunto peliagudo y estar en condiciones de sobreseerlo. No parece haber, en el enorme edificio de Pino Suárez y Corregidora -en el extremo sudeste de la Plaza de la Constitución- ningún sentido de la urgencia.

Ese tribunal acaba de probarlo una vez más. El viernes pasado decidió, sin decirlo así expresamente, que las peticiones para que en aplicación del artículo 97 realice una averiguación constitucional sobre el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en que murieron 48 niños y muchos más quedaron lesionados (condición en que aún permanecen, un mes después del crimen), bien pueden esperar hasta agosto, cuando terminen las vacaciones del Poder Judicial Federal. El máximo tribunal no captó la impaciencia con que madres y padres de familia aprecian el paso del tiempo sin conocer avances sustantivos en la indagación ministerial sobre aquella tragedia y encargó al ministro Sergio Valls que, como miembro de la comisión de receso -la que se queda, digamos, de guardia durante las vacaciones- prepare un proyecto a ser estudiado por los ministros a la vuelta de sus vacaciones, el primer lunes del próximo mes.

El acuerdo de la presidencia de la Corte da por anticipado el receso, que apenas comenzará el 15 de julio, el miércoles de la próxima semana. Durante ese lapso bien podrían los ministros resolver si en los sucesos que produjeron tremendo dolor a las pequeñas víctimas y a sus familias se cometieron violaciones graves a las garantías individuales, la más notoria de las cuales es el derecho a la vida, y decidir en consecuencia si ejercen una vez más su excepcional facultad indagatoria o se abstienen de hacerlo. Claro que es mucho pedir a los parsimoniosos jueces supremos, que parecen estar ya disfrutando de su bien ganado asueto. Parecen regidos por un refrán popular que justifica la pereza cuando, ante un suceso que estorba en lunes o martes la realización del trabajo normal, proclama que “semana mala hay que echarla fuera”, lo que autoriza la haraganería hasta el siguiente lunes.

La Corte puede efectuar ese género de averiguación movido por un impulso exterior -cuando lo solicite el Presidente de la República, alguna de las cámaras del Congreso o algún gobernador- o cuando lo resuelve ella misma en su seno. Esta es la hipótesis en que se moverá el tribunal, cuando al concluir el receso el ministro Valls someta a su consideración un proyecto para que el pleno resuelva si hay motivo para considerar que en el atroz suceso del 5 de junio presumiblemente se violaron garantías individuales, si esas violaciones son graves y si, por consecuencia, la Corte echa a andar el mecanismo vagamente esbozado en el repetido artículo 97.

De las cinco oportunidades en que ese mecanismo se ha puesto en operación sólo en una el máximo tribunal actuó por haberlo resuelto así internamente. En la primera y la segunda indagaciones de ese carácter -motivadas por la matanza de ciudadanos que en León, Guanajuato, protestaban por un fraude electoral en 1945, y la de campesinos que en 1995 fueron ultimados en Aguasblancas, un paraje del estado de Guerrero- la Corte fue instada por el presidente Ávila Camacho y el presidente Zedillo. En la investigación sobre los agravios a la periodista Lydia Cacho, fueron las cámaras de Diputados y Senadores las que solicitaron la actuación de ese tribunal. Y en la referida a la cadena de ofensas que el gobierno de Oaxaca asestó a grupos relevantes de sus gobernados el llamado provino de la Cámara de Diputados.

Sólo en el caso de San Salvador Atenco la Corte resolvió intervenir porque el ministro Góngora Pimentel hizo suya una petición de ciudadanos y el pleno la aprobó. Se trata de las agresiones policíacas contra pobladores de aquel municipio mexiquense ocurrida el 3 y 4 de mayo del 2006. Desde agosto siguiente, ante la evidencia de que la procuraduría de justicia estatal y los jueces del fuero común actuaban lenta y parcialmente, diversas agrupaciones pidieron que la Corte interviniera. Se requería que un miembro del pleno lo solicitara y Góngora Pimentel lo hizo. Sus compañeros tomaron con calma abordar el asunto. El primero de febrero del 2007 empezaron a discutir el proyecto presentado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano -que proponían rehusar la intervención-: siguieron estudiándolo el día 6, y sólo el 21 de febrero lo votaron: siete ministros derrotaron el proyecto a cuyo autor sólo se sumaron tres ministros más.

La Corte podría ahora abreviar los tiempos, y antes del 15 dejar resuelto si investiga o no, y hasta designar a los magistrados que se encarguen de la indagación misma. Sólo así comprobarían ante las familias directamente afectadas y la sociedad que aún sigue indignada por la matanza que es sensible a la trascendencia social del terrible suceso. Si su respuesta, pronta como es deseable, o demorada como es previsible, es afirmativa, tendrá que establecerse las bases para que la indagación constitucional no estorbe la averiguación previa y los procesos que ya están o estén curso, ya que es indispensable e inaplazable la actuación ministerial.

Que no ocurra lo que pasó a Lydia Cacho: la PGR se escudó en la Corte para no cumplir su papel.

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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Una respuesta a La Corte y la guardería ABC / Miguel Ángel Granados Chapa

  1. erika dijo:

    hola no es justo que no se aga gustisia asia esa guarderis unio de los bebes ers mi primo y murio queremos justisisa

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