Entre altaneros te veas / Miguel Ángel Granados Chapa

Con altanería, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont reprochó al gobernador Eduardo Bours su altanería. Con esas actitudes simétricas están los dos funcionarios ocultando tras un pleito político las responsabilidades de sus gobiernos en torno a la matanza de 47 niños, ocurrida hace ya tres semanas.

El tono con que se increpan el funcionario designado y el gobernador elegido se inserta en un clima de crispación al que no sólo no es ajeno el Presidente de la República, sino que es él mismo quien marca la pauta. El martes en Morelos, contrastando la buena conducta que atribuye a su correligionario el gobernador panista Marco Antonio Adame con la de otros gobernadores solamente aludidos pero en cuya descripción puede verse al de Michoacán Leonel Godoy, Calderón se mostró impaciente, destemplado. Es la misma tesitura que en su espacio y en su asunto corresponde a Bours, y a Gómez Mont en defensa de su jefe.

El gobernador sonorense no insultó al Ejecutivo federal, lo que sería inadmisible, como lo sería la misma desconsideración dirigida a cualquier persona. Pero la exigencia de acciones federales manifestada por el antiguo dirigente empresarial ha parecido al secretario de Gobernación una ofensa a la investidura presidencial casi un delito de lesa patria: “Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la Republica”, dijo el miércoles cuando subrayó las expresiones anticipadas a Televisa. La posición de Gómez Mont sugiere la vigencia de un culto a la personalidad en que no puede enjuiciarse a la figura presidencial, como si hacerlo implicara un agravio al Estado. Ya desde días el huésped principal de Bucareli ha optado por no sólo dialogar sino ofrecer respuesta, en ánimo rijoso, a quienes difieren de las posiciones presidenciales. Mal se sirve a la gobernación cuando su responsable se convierte en escudero.

Tampoco se sirve adecuadamente a enfrentar problemas de gran trascendencia cuando se admite la politización de las tareas del ministerio público. No compete al secretario responsable de la política anunciar y explicar las decisiones de la Procuraduría General de la República, ya utilizada en exceso para lograr fines partidarios con instrumentos institucionales.

La PGR resolvió atraer la totalidad de la investigación. El 10 de junio su titular Medina Mora, al dar cuenta de algunos peritajes iniciales insistió en que la averiguación previa se realizaba al alimón: “La PGJ Sonora y la PGR continuarán las investigaciones de manera coordinada hasta el total esclarecimiento de los hechos”. Mas cuando el avance de las pesquisas ha ido dibujando responsabilidades de las dos instancias de gobierno la competencia de cada ministerio público se convirtió en un problema político, por más que lo haya también jurídico.

La porción de las averiguaciones realizada por la procuraduría local logró la emisión de órdenes de aprehensión contra los empleados de la bodega de papelería de la secretaría de finanzas. Todos salieron bajo fianza, porque desde el principio el procurador Medina Mora admitió que el homicidio culposo de que pudieran ser responsabilizados no es un delito grave. Del lado de la procuraduría federal la indagación ha corrido con mayor lentitud, condición que no debe prevalecer ahora que el caso está íntegramente a cargo del ministerio público federal. No había la certidumbre, por ejemplo, de que hubieran sido llamados a declarar los directores del IMSS que revalidaron año con año, acaso sin comprobar el cumplimiento de las condiciones pactadas, el contrato de subrogación de la guardería ABC.

Aunque no concierne directamente al procedimiento penal en curso, el IMSS está en falta al omitir información sobre el sistema de guarderías. Su director Daniel Karam no ha podido cumplir su ofrecimiento de publicar la lista de los titulares de mil quinientos contratos de subrogación. La tardanza provoca crecientes suspicacias, cualquiera que sea su causa. Es de presumir que se trate de información disponible con facilidad porque permite el cumplimiento de responsabilidades administrativas corrientes. Es decir, debe haber una relación de destinatarios de los pagos por la prestación de un servicio. Bastaría con poner a disposición del público esa relación. De no haberla estaríamos frente a un grave desorden, pues implicaría un uso irregular de recursos públicos, quizá sujeto a una discrecionalidad inadmisible.

Si la nómina de contratistas existe, como debe ocurrir, y no se da a conocer, la omisión puede obedecer a que se esté aliñándola para que revele mecanismos impresentables de otorgamiento de las subrogaciones. Hay que recordar que sólo recientemente se han licitado los contratos respectivos y que antaño, como en el 2001 cuando se otorgó por primera vez el de la guardería ABC de Hermosillo, se procedía a partir de influencias y buenas relaciones sociales y políticas. Por eso aparecen en Sonora nombres de la oligarquía regional, como es probable que ocurra en el resto de las entidades.

A la enorme gravedad del incendio que segó 47 vidas en ciernes debe corresponder un abordamiento institucional que supere los enconos e inquinas entre políticos e instancias de gobierno. Ya es abominable el concurso de circunstancias que produjeron aquel nefasto resultado. No se admita la danza de altanerías en un escenario marcado por el dolor y la impotencia de las familias que hace 21 días vieron quebrada su existencia.

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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