NL: entre la guerra sucia y la desidia / Jorge Fernández Menéndez

Lo sucedido en Nuevo León es injustificable: que policías municipales y estatales se movilicen contra las fuerzas de seguridad federales y el Ejército, que lo hagan armados y bloqueen las principales calles de Monterrey, no puede tener ni justificación ni tolerancia alguna.

Los operativos realizados en las últimas semanas en la entidad, donde han sido detenidos decenas de mandos y elementos policiales por su relación con el narcotráfico, no son un hecho aislado. Se trata de parte de las operaciones que se han dado en distintos lugares del país y se pueden prestar a muchas especulaciones políticas pero son consecuencia del abandono o la prescindencia en que se ha dejado en ese estado, y en muchos más, la lucha contra los delincuentes. Puede ser que los operativos, como se ha especulado en el PRI, tengan relación con las disputadísimas elecciones que se realizarán el 5 de julio en Nuevo León. Pero no se basan en hechos falsos, sino en una situación que el estado ha sufrido desde tiempo atrás. Entre los detenidos no hay sólo mandos y elementos policiales de municipios priistas, los hay también de otros tan importantes como el de Monterrey, que encabeza el panista Adalberto Madero.

Sin embargo, incluso así, lo que no se puede aceptar es la prescindencia de la autoridad. Recordemos las manifestaciones de los tapados que, organizados por Los Zetas, estuvieron semanas atrás bloqueando calles de Monterrey para protestar por los operativos del Ejército en la entidad, sin ser molestados por las autoridades: las del gobierno estatal dijeron que retirar a esos grupos era responsabilidad del municipio; éste no movió un dedo y dijo que era el Estado el que debía enfrentar a los manifestantes y los dos dejaron que las provocaciones y los bloqueos continuaran hasta que intervino la Policía Federal. Ahora los hechos se repiten con el agravante de que son policías del estado y de los municipios los que se manifiestan y bloquean y ellos mismos lo hacen armados y agrediendo a fuerzas federales. Esa sola manifestación, ese solo hecho, justificaría la necesidad de los operativos que ha lanzado el gobierno federal en la entidad: simplemente no se puede poner la confianza ciudadana en ese tipo de elementos policiales. Y resulta incomprensible que, si el hecho no fue tolerado o impulsado desde esas mismas autoridades locales, éstas no hayan intervenido para impedirlo.

La elección en Nuevo León no va por un buen camino. Es mucho lo que está en juego tanto para el PRI como para el PAN y la guerra sucia, que se inició desde hace varios meses, ha recurrido a prácticamente todo, incluidos algunos medios que se prestaron a ser voceros, por intereses particulares, de los mensajes de los narcotraficantes y han convertido especulaciones en “investigaciones periodísticas” plagadas de errores y de datos sin confirmar. Es verdad que nadie está en libertad de arrojar la primera piedra, pero, de la misma forma que no se puede afirmar, sin pruebas, que familiares cercanos del gobernador Natividad González Parás están ligados al narcotráfico o acaban de huir del país para no ser detenidos, tampoco se puede manifestar que el panista Fernando Elizondo ha realizado malos manejos financieros en la administración pública, sin documentarlo. Tampoco pueden aceptarse y divulgarse mensajes del crimen organizado en los que acusan a funcionarios (¿desde cuándo el crimen organizado acusa a quienes le sirven?), de la misma forma que no se puede dejar en libertad de acción, operando a placer entre esos mismos medios, a quienes han tenido en el pasado y, ahora, acusaciones firmes en su contra, incluidas condenas por algunos de los delitos que más sanciona la sociedad.

Es, o debería ser, inaceptable. Pero allí está el caldo de cultivo que permite que se actúe con tanta indolencia o temor ante hechos tan graves como las movilizaciones de los tapados de hace unas semanas o los bloqueos violentos de los policías locales en estos días. Quizá no se les puede pedir a los partidos, en plena recta final de una elección tan importante y reñida, mayor responsabilidad y menos uso de las armas de la guerra sucia, pero sí a las autoridades que mínimamente cumplan con su deber y hagan frente a desafíos tan evidentes a la seguridad pública y la confianza del ciudadano.

Nuevo León no es ni será el único estado donde se realizan estos operativos. Se han dado en Morelos, Michoacán, Chihuahua. En otros, se espera que tarde o temprano los mismos se repitan porque son inevitables ante el deterioro de muchas fuerzas policiacas e instituciones locales. Sin embargo, con todas las diferencias del caso, no es lo mismo la actitud de gobernadores desde el panista Marco Adame hasta el priista Jesús Aguilar, que se han declarado dispuestos a colaborar con las fuerzas federales, a la de quienes argumentan desafíos a la soberanía estatal porque sus colaboradores son detenidos o cuando se ignoran hechos tan preocupantes como bloqueos y amenazas de las policías cuestionadas e investigadas. ¿Quién organizó la marcha de los habitantes de los municipios michoacanos de días atrás, quién la de estos “policías” regiomontanos? Allí están las respuestas.

Archivos recuperados

Es información que no suele estar en nuestras primeras páginas, pero no podemos pasar por alto la detención y la condena a 12 años de trabajos forzados, en un verdadero campo de concentración, que han sufrido, de las autoridades de Corea del Norte, las reporteras Laura Ling y Euna Lee, de la cadena estadunidense Current TV (propiedad, por cierto, de Al Gore). No estaban haciendo espionaje: estaban documentando la situación de los cientos de miles de refugiados que huyen de Corea del Norte hacia China. Cometieron el error de acercarse a la frontera y hoy, simplemente, son rehenes de una de las dictaduras más feroces del planeta.

Excélsior

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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