Sin efecto ante YouTube / Benito Nacif

La semana pasada, la Comisión de Quejas del IFE tomó una medida inédita. Ordenó, por primera vez, bajar un video puesto a disposición del público en la red social de internet YouTube.

Lo hizo utilizando un mecanismo legal creado a partir de la reforma electoral de 2007: las medidas cautelares. Mediante este instrumento, la Comisión de Quejas, órgano formado por tres de los nueve consejeros electorales, puede suspender el acto que dio lugar al reclamo, mientras el Consejo General resuelve sobre su legalidad. Se trata de una medida preventiva que busca evitar que el daño al quejoso continúe, en tanto la autoridad desahoga el procedimiento.

El video motivo de las polémicas medidas cautelares era una parodia política basada en la película Rudo y Cursi. Se trata de un montaje con imágenes del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Asimismo, se sustituyó la letra de una canción, “Quiero que me quieras”, por otra denominada “Yo te virobando”.

La denuncia fue presentada por el director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y la organización Acción Juvenil, a quienes se acusó de difundir el video con la intención de atentar contra la honra y buena imagen del gobernador Fidel Herrera.

La investigación realizada por el Instituto Federal Electoral (IFE) concluyó que no había elementos para responsabilizar al PAN o cualquier otro partido político por poner a disposición del público internauta la parodia contra el gobernador de Veracruz.

YouTube es una red social que funciona de forma totalmente abierta. Cualquier usuario puede subir contenidos desde cualquier computadora con acceso a internet.

Al final, el Consejo General del IFE declaró infundada la queja contra el PAN y Acción Juvenil. Con ello, las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas quedaron sin efecto y Google de México, administrador de YouTube, quedó en libertad de permitir su circulación en la red.

Con ello, quedó cerrado el episodio para fines legales, salvo que las partes impugnen la resolución del Consejo General del IFE.

Sin embargo, el asunto generó preocupación e inquietud en torno al alcance de la autoridad electoral y sus implicaciones respecto a la libertad de expresión. Muchos se preguntaban hasta dónde puede llegar el IFE en la protección de instituciones, partidos políticos y servidores públicos contra la denigración y la calumnia. Hoy son videos en YouTube, ¿mañana qué sigue?

Creo que la resolución del Consejo General respecto a la queja del gobierno de Veracruz sienta un precedente favorable. Frena el intento de extender su autoridad más allá de los sujetos expresamente obligados en la legislación electoral en materia de denigración y calumnia.

La obligación establecida en el artículo 41 de la Constitución de “abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas” está dirigida a los partidos políticos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) la extiende a las coaliciones y a los candidatos a cargos de elección popular. Pero deliberadamente excluye a particulares.

No es que los ciudadanos o entes distintos a los partidos puedan impunemente calumniar o dañar la imagen de las personas. Lo que pasa es que este tipo de actos de expresión no constituyen faltas a la ley electoral. Por lo tanto, caen fuera de la esfera de autoridad del IFE. Son competencia de otras instituciones. Corresponden a la jurisdicción civil.

Ésta fue la intención del propio Constituyente. El dictamen de la reforma constitucional dice claramente que la prohibición a los partidos de utilizar expresiones que denigren o calumnien no es violatoria de la libertad de expresión porque “la norma está expresamente dirigida a los partidos y solamente a ellos”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ratificó, en su sentencia más reciente en la materia, que se trata de una prohibición estricta dirigida a partidos políticos.

Otra razón por la que el IFE debe abstenerse de extender la prohibición de los partidos a otros sujetos es el derecho a la libertad de expresión. En este terreno el principio de legalidad es más demandante.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos compromete al Estado Mexicano a que toda restricción a la libertad de expresión debe estar expresamente establecida en ley.

Lo cual nos regresa a las medidas cautelares. La suspensión de un acto de expresión por la mera presunción de ilegalidad resulta en sí misma inquietante. Pero lo que hemos descubierto con el caso de YouTube es que además puede ser contraproducente. Lejos de evitar la continuación del daño, la medida tomada por la Comisión de Quejas generó una mayor difusión del acto denunciado. Le dio al video sobre el gobernador de Veracruz una publicidad que de otra manera jamás habría tenido.

Por ello, la intervención de la autoridad, además de sustentarse en ley, debe considerar que sus efectos sean los deseables.

*Consejero electoral del IFE

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
Esta entrada fue publicada en Elecciones 2009 y etiquetada , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Sin efecto ante YouTube / Benito Nacif

  1. geovanny dijo:

    que buen articulo

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