Militares, al fuero común / Miguel Ángel Granados Chapa

Al atardecer del martes 17 de marzo tres jóvenes fueron detenidos por miembros del Ejército, en las calles de Nuevo Laredo. Uno de ellos, Miguel Alejandro Gama Habif, propietario del automóvil en que viajaban, telefoneó a su esposa Dulce María López Duarte para hacerle saber lo que ocurría, pero la llamada se interrumpió abruptamente. Tiempo más tarde, militares irrumpieron en su casa sin orden judicial, y se llevaron computadoras, teléfonos celulares, documentos, dinero y hasta comida.

Acompañaban a Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente. Pasaron las horas sin que se supiera de su paradero. Puesto que al día siguiente el vehículo del primero fue visto en manos de militares, Dulce María López Duarte y María del Carmen Ayala Ramírez solicitaron amparo para que los desaparecidos fueran presentados, y acudieron en su busca al cuartel de la guarnición militar, donde los jefes negaron tenerlos.

Tampoco los hallaron en una bodega en la esquina de Canales y Río de Janeiro, que es utilizada por militares como cárcel clandestina, según es fama pública.

Viajaron entonces a la Ciudad de México, y en la Procuraduría General de la República presentaron la denuncia de hechos correspondiente, bajo la figura de desaparición forzada, e hicieron lo mismo en la Procuraduría local.

Ante la falta de resultados, optaron por presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en organizaciones civiles como el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero.

Igualmente acudieron a Amnistía Internacional, que el 27 de marzo, 10 días después de la desaparición emitió un llamamiento para la localización de los desaparecidos, en que por información insuficiente mencionó a Rojas de la Fuente.

El primero de abril, el general Andrés Fullón, jefe de la guarnición de la plaza de Nuevo Laredo negó a la prensa local que los desaparecidos se hallaran en instalaciones militares y aun que miembros del Ejército hubieran participado en su detención.

Los familiares de las víctimas habían dado a conocer videograbaciones en que durante el cateo posterior a la detención aparecen unos 50 soldados a bordo de cinco vehículos.

No fue sino hasta el 24 de abril cuando la Secretaría de la Defensa Nacional se manifestó en sentido contrario a lo dicho por el general Fullón. Informó que la Procuraduría General de Justicia Militar había iniciado la averiguación previa GN/Laredo/2/2009 por “la presunta desaparición” de los tres jóvenes mencionados.

El comunicado llama Miguel Ángel a Miguel Alejandro, y fecha en 14 de marzo, no 17, lo ocurrido. La Sedena reiteró en el comunicado su “compromiso de no tolerar conductas que atenten contra la población civil, actuando con estricto apego y respeto a los derechos humanos”.

Dos semanas después, el 8 de mayo, la Sedena informó que la Procuraduría Militar había consignado ante el Juzgado Segundo de la Primera Región Militar a un jefe, tres oficiales y ocho soldados por la “presunta participación de personal militar” en la desaparición de Gama, Ayala y Rojas.

Ya en ese comunicado la presunción no se refería a la desaparición, sino a la participación castrense en el hecho.

Al día siguiente de ese comunicado, los familiares de las víctimas confirmaron la noticia de que los suyos habían sido asesinados. Quizá como resultado de la averiguación previa, el 29 de abril se localizó una fosa clandestina muy lejos de Nuevo Laredo, en el municipio de Vallecillo, estado de Nuevo León, con los cadáveres de tres personas.

Demoró la identificación de los cadáveres, pero se pudo establecer que eran los desaparecidos del 17 de marzo. El domingo pasado, Día de las Madres, fueron sepultados por sus deudos.

La Sedena no ha informado si la Procuraduría modificó ya la acusación tras el hallazgo de los cuerpos, si presume que los homicidios fueron cometidos por personal castrense.

Aun en el caso de que no hubiera evidencia de la participación militar en los asesinatos, los uniformados a los que se atribuye responsabilidad en la desaparición están obligados a informar en qué manos dejaron a los detenidos que luego aparecieron muertos.

Cualquiera que sea la participación de los militares en la desaparición y privación de la vida de los tres jóvenes, su caso debe ser ventilado ante tribunales del fuero común y no del fuero de guerra como ya ha comenzado a ocurrir.

Hace apenas dos semanas que la organización civil internacional Human Rights Watch presentó su informe sobre la justicia militar en México. Su título, “Impunidad con uniforme” resume sin lugar a dudas el papel que cumple el fuero castrense en la falta de castigo a miembros de las fuerzas armadas que incurren en delitos del fuero común.

Aparte las deficiencias estructurales del aparato judicial del Ejército, como su falta de autonomía derivada de la subordinación jerárquica de los juzgadores, en el funcionamiento de los tribunales castrenses parece predominar el espíritu de cuerpo, que se refleja en lenidad y escaso rigor punitivo.

La gravedad de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo reclama que su abordamiento judicial ocurra en el fuero común. Salvo que se acepte que se trató de desaparición forzada, es decir que la cometieron representantes del Estado, estamos frente a descomunales delitos que competen a la jurisdicción penal federal.

Aunque la judicatura de ese ramo no es impecable, al menos no está obviamente subordinada.

El Mañana

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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