“El Chapo”, en Durango / Ricardo Alemán

Para nadie es un secreto que prelados de la jerarquía católica gustan de excesos verbales sobre asuntos relevantes de la vida nacional. Acaso por eso no pocos dudaron de la aseveración del arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, quien el pasado viernes aseguró que el mítico Joaquín El Chapo Guzmán vive en Durango.

¿Qué aparece en el fondo de la declaración? ¿Podemos creer en ella, con todo lo que implica? ¿O debemos ponerla en duda? ¿Sería capaz un jerarca católico de convocar a una conferencia de prensa para inventar una declaración como esa? ¿O es que podemos confiar en el dicho del líder religioso? En realidad sólo los hechos confirmarían la especie. Pero a estas alturas, si vivía en Durango, ya se habría ido. Como sea, abundan los hechos que avalan la versión del arzobispo González Martínez.

Primero, que cualquiera que vive, tiene amigos o negocios en Durango, conoce las historias, testimonios y hasta a los testigos que han visto a El Chapo pasear, comer y festejar en distintos lugares de esa entidad. Y en efecto, son más que mitología las historias de correrías y control absoluto de la región de Guanaceví, municipio donde estaría su cuartel general.

Segundo, que la Sedena, PGR y en la mismísima casa presidencial se cuenta con información sobre la compleja red de grupos y vínculos de empresas y gobiernos con el narco en la región “caliente” de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua, y de sus ramificaciones con Michoacán, Zacatecas y Tijuana, entre otras. Por esa razón se insiste desde hace meses en los altos círculos del poder —pero sobre todo en semanas recientes—, que de un momento a otro podrían quedar al descubierto vínculos del narco con alcaldes o gobernadores que pudieran pertenecer a PRI, PAN o PRD.

Y tercero, que la censura informativa que desde el gobierno se impuso en todo el estado —confiscar toda la prensa que llega del DF y prohibir a nivel local la difusión de las declaraciones del prelado—, no tiene más que dos explicaciones: estupidez del gobierno estatal, o complicidad. ¿Por qué le interesa al gobierno censurar una declaración como la del prelado? Si es falso lo que dice, el gobierno puede ofrecer pruebas en contrario, y punto.

El problema parece estar en otro lado. Dicen en la jerarquía católica que su red pastoral —que es el mejor servicio de inteligencia—, documentó la presencia de El Chapo en Durango. Y que el mensaje del arzobispo es una voz de alerta sobre complicidad oficial e impunidad. Al tiempo.

En el camino

El Suburbano, “joya de la corona” de gobiernos de Calderón, Peña y Ebrard, hizo agua. Y la tragedia podría ser política. ¿Y de quién la culpa?

El Universal

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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