Sangre derramada en Semana Santa / Miguel Ángel Granados Chapa

Bien se sabe. Pero no hay que dejar de repetirlo: la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la violencia. Lo es de modo especial en Oaxaca, donde no ha habido poder institucional o político que resuelva los asesinatos de más de 20 personas ocurridos en el segundo semestre del 2006.

No sirvió para nada la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso, emitida hace ya cerca de dos años, en mayo del 2007. Ruiz la eludió como es de suponerse que hará con la investigación constitucional que la Suprema Corte de Justicia mantiene en curso sobre el mismo periodo y los mismos casos.

El informe de los magistrados responsables de la indagación fue ya presentado al tribunal y ahora está en manos del ministro Mariano Azuela, ex presidente de ese cuerpo, elaborar el dictamen correspondiente, que el pleno discutirá y aprobará.

Después de los fallos de la Corte en casos precedentes, no parece que el gobernador oaxaqueño tenga mucho que temer. Cuando más, en condiciones análogas a las violaciones constitucionales en Atenco, se resolverá que las hubo también en Oaxaca.

Pero en consideración más propia de la metafísica que del derecho, se concluirá que habiendo faltas no hay a quién atribuirlas.

Antes y después de estas intervenciones parajudiciales prevalece en aquella entidad la sensación de que es posible matar sin consecuencias. Si se trata de víctimas que de alguna manera se oponen al gobierno, el actual o al anterior, con mayor razón se buscará que sus verdugos queden sin castigo.

Tales con los casos emblemáticos de Serafín García Contreras, asesinado a palos en julio del 2004; de Guadalupe Ávila Salinas, ultimada en septiembre siguiente; y el de las reporteras de una radio comunitaria indígena, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, emboscadas hace un año, el 7 de abril del 2008.

A esa macabra lista se agregó el lunes pasado el nombre de Beatriz López Leyva, una militante de izquierda, de 34 años, muerta de un balazo en la cabeza en su propio domicilio en San Pedro Jicayán, cerca de Pinotepa Nacional.

La joven activista participó en el 2004 en la campaña del ahora senador Gabino Cue, cuando contendió contra Ulises Ruiz por la gubernatura. Al año siguiente actuó en el ayuntamiento local, no sé si como secretaria o como regidora.

En ese tiempo sufrió un atentado a balazos, que no le causó daño, pero la hizo comprender que su militancia era mal vista por los grupos de poder locales.

Participó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y permaneció a su lado en los años siguientes: apenas el 21 de marzo anterior fue una de las 12 mil personas reunidas en la “convención nacional de comités municipales del gobierno legítimo”.

Poco antes o poco después, según confió a sus allegados, había recibido un telefonema de Jorge Franco, lugarteniente del gobernador, presidente del PRI estatal, en que quiso sonsacarla para que abandonara su activismo.

Beatriz se preparaba para animar una movilización el miércoles siguiente a su muerte, en protesta contra acciones del presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, a quien ya había acusado de malos manejos de los recursos municipales.

Por ese motivo hacia el alcalde debería enfocarse las averiguaciones, pero la Procuraduría de Justicia estatal no procedió de ese modo, transcurrieron ya cinco días desde el asesinato y no se percibe intención alguna de orientar por esa ruta la investigación ministerial.

Eso asegura la impunidad del funcionario señalado, como se garantizó la de los asesinos de Serafín García Contreras (uno de los cuales intentará volver a la Cámara de diputados en septiembre próximo) y la de Cándido Palacios Loyola, el presidente municipal de San José Estancia Grande, prófugo por el asesinato de Guadalupe Ávila Salinas, que postulada por el PRD aspiraba a suceder a quien la privó de la vida.

No sabemos siquiera si se investigó el crimen de las muy jóvenes activistas y locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, la emisora indígena de San Juan Copala.

Nadie ha sido responsabilizado de su muerte.

Al día siguiente del asesinato de Beatriz López Leyva, que además de las instancias ministeriales será denunciado en Xicoténcatl por el senador Cue pasado mañana, cuando concluya el receso de la Semana Santa , fue muerto a tiros en Nueva Italia, Michoacán, un candidato a diputado suplente del PRD, Gustavo Bucio Rodríguez.

Empresario -fue ultimado en una gasolinería de que era franquiciante-, de 45 años, había sido tesorero municipal y acababa de ser elegido en la fórmula para contender en el primer distrito, con cabecera en Lázaro Cárdenas.

Era suplente de César Godoy Toscano, hermano paterno del gobernador Leonel Godoy Rangel. Aunque el hecho mismo de que en Michoacán haya un gobierno perredista muestra las muy diferentes condiciones de hoy comparadas con las de los primeros años 90, es imposible dejar de recordar la matanza de miembros de ese partido, naciente entonces, emprendida sin miramientos y sin castigo alguno por los gobiernos locales o el federal de Carlos Salinas.

Es de esperarse que la impunidad no sea el desenlace de esta muerte, cuyos móviles importa esclarecer tanto como detener y sentenciar a quienes la provocaron.

Los asesinos no descansaron en el asueto de la Semana Santa , los días en que la liturgia católica recuerda la voluntad de Jesús de derramar su sangre para redimir al género humano no sin antes asegurarle que contará siempre con su propia carne y su propia sangre en la Eucaristía.

Sangre de gente común, presuntos delincuentes o agentes de la autoridad fue vertida por medios violentos a lo largo y lo ancho de la geografía nacional.

Aun en Ciudad Juárez, donde la tasa de homicidios ha disminuido notablemente merced a la presencia de 11 mil efectivos militares y policiacos, no ha dejado de haber ejecuciones.

Se practicaron al menos tres el Jueves Santo, eso sí por rumbos distintos a aquel en que se concentra la vigilancia federal.

Un reporte de Lourdes Cárdenas en la revista Expansión da cuenta de los móviles que condujeron a la militarización de esa frontera, más allá de la proclama gubernamental de dar garantías a la población en general, tan asolada en los años recientes:

“La gota que derramó el vaso fue el 13 de enero pasado. Ese día, Rodolfo Vázquez, director de la planta Lear Río Bravo, fue secuestrado en Ciudad Juárez mientras se trasladaba de la empresa a su domicilio de El Paso, Texas.

Los plagiarios pidieron 1.5 mdd por su rescate. Seis días después el ejecutivo fue liberado en un operativo militar. La inseguridad era incontenible. La prensa local reportaba que 150 altos ejecutivos fueron extorsionados bajo amenaza de secuestro en el último año.

“Las policías municipal, estatal y federal y el Ejército se unieron y establecieron a partir de febrero un corredor de seguridad. El operativo incluye una sobrevigilancia de las rutas que van desde los puentes internacionales hasta 17 parques industriales de la ciudad.

Entre 15 y 20 kilómetros son vigilados a diario por más de 300 agentes de los tres niveles….

“El Paso Economnic Development Corporation estima que entre 3 mil 400 y 5 mil gerentes estadounidenses viven en El Paso y cruzan diariamente para trabajar en las plantas de Juárez.

“‘Ha sido una buena medida para garantizar la seguridad a las personas que tienen inquietud por su traslado’, dice Manuel Ochoa, vicepresidente para desarrollo binacional de esa agencia”.

La sangre fluye sin cesar en el país porque la vida humana está tasada. Su precio es muy variable, pero parece que siempre es pagadero. Un narcotraficante preso en Uruapan fue asesinado y destazado en el penal, por sólo 200 pesos.

En cambio ascendió a 100 mil la suma pagada por quitar la vida a Carlos Alberto Rayas Gutiérrez, jefe policiaco de Jalisco, cuya muerte precedió en una semana a la de Roberto Alejandro Mercado, comandante policial de Guadalajara, acribillado el Viernes Santo mientras hacía un rondín en la capital jalisciense.

Ese mismo día fue asesinado Roberto Martínez, comandante de la Policía de Ecatepec, que hasta dos meses atrás era guardia del obispo Enésimo Cepeda. Dos de sus hermanos, policías también, fueron atacados con violencia meses atrás: Ernesto murió hace cinco; sobrevivió Mario, apenas en febrero.

El pasado presente.- Hoy hace 92 años, el 12 de abril de 1917, fue publicada en el Diario Oficial la Ley de imprenta, reglamentaria de los artículos 6º.

y 7º. de la Constitución. Vetusta como es a esa edad, y no obstante sus complicaciones técnicas, esa ley está vigente según ha declarado la Suprema Corte de Justicia.

Así, al terminar la primera década del siglo XXI el único ordenamiento legal que rige a la prensa mexicana es una pieza de museo dictada en condiciones en que el autoritarismo se justificaba a sí propio en función de la inestabilidad que prevalecía aún en nuestro país.

Desde el punto de vista técnico es discutible si esa ley de carácter penal está vigente o no. Fue firmada por Venustiano Carranza el 9 de abril de 1917, todavía en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, no como Presidente de la República , cargo que asumió el 1 de mayo, mismo día en que entró en vigor la Constitución , aprobada y promulgada el 5 de febrero anterior, pero que no tuvo vigencia inmediata sino casi tres meses después.

De modo que, dictada en la etapa preconstitucional, la ley perdió vigor al restaurarse el orden constitucional.

Carranza era un malqueriente de la prensa. Le incomodaban las versiones sobre hechos bélicos o medidas políticas que él protagonizaba que no acogían su punto de vista, su propia perspectiva.

Para corregir las que a su juicio eran tergiversaciones de la realidad organizó los “viajes de rectificación”. Se trataba de verdaderos secuestros en que los periodistas que habían mentido, a criterio de Carranza o habían segado su información, eran conducidos a la fuerza al lugar de los hechos para que, coaccionados por la privación de su libertad tuvieran ocasión de ofrecer una segunda mirada a las circunstancias de que habían dado cuenta y suscitado la necesidad de rectificar.

Por eso no es extraño que emitiera una ley penal para regular a la imprenta (a pesar de que los alegatos en el Constituyente en torno del artículo 7º. habían puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la prensa libre) y que su artículo 3º dijera que constituye un ataque al orden o a la paz pública:

“I.- Toda manifestación o expresión maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, cantos, gritos, amenazas, manuscritos o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, o con los que se injurie a la Nación mexicana o a las entidades políticas que la forman;

“II.- Toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de todos los medios de que habla la fracción anterior, con la que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros o a la falta de otro u otros de sus deberes; se aconseje, excite o provoque directamente al público en general a la anarquía, al motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquellos y de ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas o a los soberanos o jefes de ellas y a sus legítimos representantes en el país; o se aconseje, excite o provoque la comisión de un delito determinado:

“III.- La propagación o adulteración de noticias falsas o deliberadas sobre acontecimientos de actualidad capaces de perturbar la paz o la tranquilidad en la república o en alguna parte de ellas; o de causar el alza o la baja de los precios de las mercancías, o de lastimar el crédito de la Nación o de algún estado o municipio, o de los bancos legalmente constituidos.

“Toda publicación legalmente prohibida por la ley o por la autoridad, por causa de interés público, o hecha antes de que la ley permita darla a conocer al público”.

Ya publicada la ley, Carranza explicó que su oportunidad y necesidad “serán apreciadas debidamente si se tiene en consideración que hasta hoy los excesos de la libertad de imprenta y en general de la manifestación de las ideas, han causado serios trastornos, tanto contra el derecho de los particulares y la tranquilidad de las familias como contra el orden y la paz públicas, pues a todos vosotros os es bien conocido que fue el libertinaje y de la prensa lo que más eficazmente contribuyó a debilitar el prestigio y la respetabilidad del gobierno legítimo de la república, y a fomentar y apoyar la audacia de los enemigos de aquel, pudiendo decirse, sin temor a equivocarse, que fue lo que de una manera principal y directa determinó los cuartelazos y crímenes de febrero de 1913” .

Esa ley está vigente hoy.

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Acerca de Leo Agusto

Periodista mexicano en el papel de columnista político.
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