Cuestión de Estado significa que es una empresa que a todos convoca o compromete; no sólo a las autoridades, órdenes de gobierno y poderes públicos, también a las instituciones políticas, sociales, medios de comunicación, iglesias, empresas y ciudadanos.

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Es urgente un pacto nacional que vaya más allá de la coordinación institucional; los convocantes deben ser el Ejecutivo federal y los Ejecutivos locales, porque son los responsables directos de las fuerzas del orden. La sociedad debe participar y comprometerse mucho más en la lucha y los resultados. La creación de consejos ciudadanos y sociales que participen en el diagnóstico, supervisión y reconocimiento de avances y logros en el combate al crimen, por ejemplo, cómo facilitar la denuncia y la protección del denunciante y la víctima, o estimular colectivamente a quienes dan lo más preciado de sí para ganar la batalla.

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Por ejemplo, la hipótesis constitucional de traición a la patria, debe incluir, con todas sus consecuencias, a cualquier autoridad, civil o militar, que sirva al enemigo

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Pacto nacional contra el crimen organizado

Liébano Sáenz

Es fácil decir que al crimen se le debe atacar en sus causas. Por ejemplo, remitir a la situación económica el origen, ya que permite reclutar ejércitos a partir del desempleo o de los asalariados mal pagados. El recetario para combatir al crimen organizado es muy amplio. Sin embargo, no hay tiempo que perder; el largo listado de acciones a emprender se extravía en la falta de claridad, orden y sentido de prioridad: cuando todo es igualmente importante, el resultado final es que nada lo es.

Lo que sí se debe hacer es destacar principios que, a partir de la circunstancia específica que hoy se vive, puedan aportar premisas sobre qué hacer frente a uno de los mayores desafíos del México de hoy día.

Lo primero a destacar es considerar al problema cuestión de Estado o de seguridad nacional, por su magnitud e implicaciones. En muchos sentidos, no es metáfora calificar de guerra esta lucha contra el crimen organizado, es literal y técnicamente, eso, una guerra. Ganarla involucra a todos y, por lo mismo, debe ser tema de consenso para la política. Podrá haber diferencias en el diagnóstico y, eventualmente, en las respuestas institucionales, pero no es admisible subestimar su gravedad y, especialmente, descuidar los términos de oposición; no se debe minar el esfuerzo que se está dando en este frente, especialmente, el de aquellos que ponen su vida en riesgo.

Cuestión de Estado significa que es una empresa que a todos convoca o compromete; no sólo a las autoridades, órdenes de gobierno y poderes públicos, también a las instituciones políticas, sociales, medios de comunicación, iglesias, empresas y ciudadanos. Los efectos perniciosos del crimen vinculado al narcotráfico dañan en su esencia al tejido social, además de que sus expresiones de violencia extrema, vulneran los principios más elementales del pacto social y las posibilidades para una convivencia civilizada. La crónica de lo que sucede en diversas regiones donde ha dominado el narco, debiera ser suficiente para advertir el horror que su imperio entraña; frente al inevitablemente imperfecto y complejo orden democrático, la opción que ofrece el imperio del narcotráfico es la negación de lo elemental: violencia, crimen y muerte.

Es cierto, en una sociedad libre y abierta no puede haber sometimiento al dictado arbitrario de la autoridad; aun en medio de una guerra son recomendables los contrapesos institucionales, la información y la libertad de expresión. La posibilidad de abuso debe resolverse no sólo por el sentido de responsabilidad de las autoridades, sino también con los recursos institucionales y sociales. En razón de ello es necesario considerar un marco excepcional que logre conciliar la capacidad de lucha del Estado, con los principios de una democracia, como son legalidad, derechos individuales y poder público acotado.

El problema más serio en esta lucha es subestimar al enemigo. Lo peor que puede suceder es la complacencia social y que las autoridades declinen en su empeño por los riesgos y costos que implica el enfrentamiento contra el crimen. Como se ha visto en estos años, revertir el terreno perdido es increíblemente más costoso, difícil e incierto, que el esfuerzo de preservarlo. A finales de la pasada administración, no obstante los cambios legales para fortalecer al Estado en su combate, el crimen organizado se diversificó y acrecentó su poder e influencia, particularmente por la vulnerabilidad de las policías locales y municipales.

El tema demanda consenso. Las señales del sector político, partidos y legisladores, y del social han sido positivas, pero insuficientes. Se requiere mucho más que eso. Por lo pronto, es alentador que el tema no sea parte del ánimo de botín y chantaje que han acompañado a la polarización política. Es necesario fortalecer la cohesión y expresar en hechos el respaldo a una estrategia que reduzca al crimen a su mínima expresión.

Es urgente un pacto nacional que vaya más allá de la coordinación institucional; los convocantes deben ser el Ejecutivo federal y los Ejecutivos locales, porque son los responsables directos de las fuerzas del orden. La sociedad debe participar y comprometerse mucho más en la lucha y los resultados. La creación de consejos ciudadanos y sociales que participen en el diagnóstico, supervisión y reconocimiento de avances y logros en el combate al crimen, por ejemplo, cómo facilitar la denuncia y la protección del denunciante y la víctima, o estimular colectivamente a quienes dan lo más preciado de sí para ganar la batalla.

En la expresión de este pacto, el marco legal debe revisarse en varios aspectos para atender la singularidad de esta lucha. Por ejemplo, la hipótesis constitucional de traición a la patria, debe incluir, con todas sus consecuencias, a cualquier autoridad, civil o militar, que sirva al enemigo. De manera análoga, deben crearse en cada una de las entidades y en los principales municipios, institutos de seguridad social para policías, a efecto de que el cuidado de las familias de estos servidores públicos sea el principal asidero y motivación de lealtad institucional.

La presencia del crimen organizado en territorios y actividades de su significada influencia no ocurre sin una manera de complicidad o colusión social. Lo que empieza con indiferencia de las élites, en poco tiempo se traduce en temor patrimonial, para acabar siendo rehenes del terror por lo que puede acontecerles a sus personas y familias. Debe diferenciarse el lavado de dinero en general, del que real y efectivamente se vincula al crimen organizado. El marco actual no discrimina entre los casos genéricos de infracción fiscal o financiera, aquellos que tienen que ver con el ciclo monetario del crimen vinculado al narcotráfico, el secuestro, el tráfico de personas o de armas; se precisa crear una unidad especializada para tales efectos y un trato distinto, más enérgico y con sanciones significadamente ejemplares.