A continuación el texto íntegro de la conferencia de prensa, tomado de aquí:
AHORA ESTÁN MÁS CLARAS LAS ILEGALIDADES DE MOURIÑO: JAVIER GONZÁLEZ GARZA
Dip. Ricardo Cantú Garza: El día de ayer, los coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) acordamos presentar esta conferencia de prensa el día de hoy. El coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona, se disculpa porque no puso asistir, pero vino en su representación el diputado Elías Cárdenas.
Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa, el compañero Javier González, coordinador del PRD.
Javier González Garza (JGG): Gracias Ricardo. Muchísimas gracias por la espera compañeros y compañeras. En primer lugar quiero decir que ya parte de la información que voy a proporcionar, es información de la prensa, especialmente de dos medios de comunicación: un medio español, de Galicia, el periódico Vanguardia; también de México Reporte Índigo y prácticamente todo es público, lo puede uno buscar si sabe más o menos por dónde, en Internet.
En primer lugar queremos hablar de dos cosas, pensamos que todo está claro, ahora.
En marzo, se aprobó la creación de la comisión investigadora, le voy a llamar del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, porque así se conoció, y los contratos firmados entre su empresa familiar y Pemex.
La mayoría del PRI y PAN acotaron los alcances de la comisión a revisar los contratos de Pemex-Refinación entre 1997 y 2008. Nosotros queríamos ampliar la investigación a todo Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entonces señalé en la tribuna del Congreso: «¿Por qué nos interesa tanto la CFE y otras empresas? Porque Mouriño fue subsecretario encargado de electricidad de la Secretaría de Energía, porque este asunto tiene que ver con cosas muy importantes para el país» y en la segunda parte de lo que voy a leer, tocaré este tema.
Ahora todos estamos claros. La comisión tenía como única finalidad exonerar al hasta hoy secretario de Gobernación.
Sólo quiero hacer una acotación: por primera vez en la Cámara de Diputados, una comisión investigadora se conforma sólo con diputados que estuvieron en contra de que se formara. No hay ningún diputado de los 177 que firmamos, que formara parte de la comisión.
En sus conclusiones la Comisión dice:
Punto número 7. “No se encontraron elementos de ilegalidad en las adjudicaciones directas de los convenios celebrados entre Pemex-Refinación y TEISA, representada por el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de Apoderado Legal, pues en todos los casos, se llevaron a cabo, con la autorización del Comité de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios de la Paraestatal…»
«8. Que en las fechas de celebración de los convenios investigados, estos es entre el 20 de diciembre de 2000 y el 29 de diciembre de 2003, el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo no formaba parte de TEISA, pues había dejado de ser accionista de dicha sociedad desde el 2 de julio de 1999.»
Las conclusiones son falsas, por que el señor Mouriño firmó cuando menos tres contratos con Pemex, el 20 de diciembre de 2002, 1 de septiembre de 2003 y 29 de diciembre de 2003. Él formaba parte de TEISA.
En esas fechas Mouriño fue diputado federal, del 1 de septiembre de 2000 a agosto del 2003, y de octubre de 2003 a marzo de 2004, trabajó en la Secretaría de Energía. En estos contratos Mouriño manifestó bajo protesta de decir verdad, cito, está en los contratos:
«Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece la el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», y lo firmó. Tengo la firma del contrato.
Este Artículo 50 señala: “Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
“II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública”, cosa que no tiene.
El Secretario también violó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el Artículo 8, que señala a la letra:
“Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
“XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, eso dice el artículo.
“El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato —en otras palabras a Calderón, pero Calderón estaba absolutamente informado, y ahorita voy a decir por qué— sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia en el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
“XX Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Por lo tanto, es clara la violación de la Ley y la falsedad con la que actuó la Comisión.
Además violó el Código Penal Federal:
“Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:
“I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
“III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera Fracción del Artículo 220 de este Código”.
La comisión dice que no se benefició, y nosotros entregamos a ustedes hace tiempo una escritura, en donde demostrábamos que en el reparto de utilidades de la empresa, le habían tocado 500 mil pesos en un año. Cosa que por cierto él declara, en su declaración patrimonial, como ingresos que provienen de asuntos financieros. Declara 400 mil pesos, pero no es cierto, tenemos la prueba.
Los nuevos casos
¿Por que pedíamos la inclusión de la CFE en las investigaciones?
Hay muchas razones. La más importante no la vamos a exponer hoy, la más importante tiene que ver con los contratos de Gas de la CFE con Repsol, para que Repsol le maneje lo que le compró a Perú. Ese es un asunto de algunos miles de millones de dólares de ganancia.
Pero vamos a hacer lo siguiente: ¿Por que pedíamos la inclusión de la CFE?
Lo hicimos porque Manuel Carlos Mouriño Atanes, que es el padre, es dueño de la Empresa Gándara-Censa, S.A., misma que adquirió en España en el año 2004, cuando su hijo Juan Camilo era subsecretario de Energía, encargado de Energía Eléctrica.
Gándara-Censa, se localiza en Pontevedra, España, y fabrica equipo para la industria de refinación y petroquímica, como reactores RISE, separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo. También construye torres eólicas.
Esta empresa para 2004 presentaba ventas —que fue cuando la adquirieron— por 12.8 millones euros y en su balance presentaba pérdidas, así la compraron. Esta era una empresa que primero quebró, los trabajadores se quedaron con ella y luego los trabajadores en una cooperativa también fracasaron y entonces la compra el papá. Esta empresa, para 2008, estiman ventas de 28.4 millones de euros y ganancias del orden de 1.04 millones de euros.
Uno de sus principales clientes es Gamesa. Esta empresa participó en la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca. La licitación fue hecha por la CFE, y fue hecha pública, en 2005, pero la planeación del proyecto se llevó a cabo entre 2003 y 2004, cuando Mouriño y Calderón estaban en la Secretaría de Energía.
La inversión requerida para la obra —111 millones de dólares— fue aprobada en el Presupuesto de Egresos de 2004. El presidente Felipe Calderón inauguró la primera fase del parque el 29 de marzo de 2007.
En otras palabras, lo único que decimos con esto, es que él hizo el proyecto, le pide al padre, se pone de acuerdo con el padre, compran la empresa allá, esa empresa es la que fabrica las torres y se las vende a Gamesa. Todo eso lo podemos demostrar.
En diciembre del año pasado, la alcaldesa de Progreso, Yucatán, Reina Quintal Recio, informó que Gándara-Censa, S.A., iniciaría la construcción de su planta en 2008. Ahora en eso están.
Ocuparía un terreno de 20 hectáreas ubicado al poniente de la carretera Mérida-Progreso. Dicha propiedad fue comprada al gobierno de Yucatán por Inmobiliaria GES, que pertenece a Grupo Energético del Sureste, empresa propiedad de la familia Mouriño, como hemos demostrado.
Los generadores de energía eólica
Lo que se quiere ocultar, con las limitaciones a la Comisión de Investigación, es la existencia de un diseño empresarial y político cuidadosamente elaborado para beneficiarse de la ilegal apertura del sector energético, promovida y operada por Felipe Calderón, Dionisio Pérez Jácome, cuando era director de la Comisión Reguladora de Energía, que fue el que aprobó este proyecto, y Juan Camilo Mouriño desde la Secretaría de Energía.
Si se fijan estos son tres de ese equipo de futbol que anda por ahí, de la asociación ilícita.
La apertura eléctrica al capital español
En 2005, la filial de otra empresa que se llama Iberdrola obtuvo dos contratos licitados por la Comisión Federal de Electricidad mexicana. En el mes de julio de ese año, se adjudicó un contrato para reforzar la infraestructura eléctrica de los estados de Baja California Sur, Sonora, Durango y Tamaulipas, tras presentar una oferta de 55 millones de dólares.
Un mes antes, obtuvo un contrato para la ejecución de todas las obras necesarias para la construcción e instalación de la infraestructura eléctrica de los estados de Chihuahua y Nuevo León, por un importe de 67.7 millones de dólares.
Y podemos hablar mucho de muchas otras cosas. Aún falta por aclarar muchas cosas, como son:
Los contratos de GES con el IMSS, ISSSTE y Secretarias del Gobierno Federal; concesiones de gasolineras, apoyos ilícitos de las PYMES; más contratos con Pemex; el contrato para modernizar la central núcleo-eléctrica Laguna Verde; concesiones de transportes y otras de las que pronto daremos cuenta.
Esta es la información que les queremos dar, porque en estos momentos estamos en una discusión en el Senado de la República sobre un debate de apertura en Pemex y nosotros decíamos antes, hace unos meses que esta apertura tenía este grupito de gentes, encabezados por el señor Felipe Calderón y se estaban preparando para la apertura y aquí hay una demostración.
Se conoce el proyecto, lo elaboran en la dirección general de electricidad, de la cual el director general es Juan Camilo, se está haciendo el proyecto, compran la empresa para hacer las cosas y luego ganan el concurso y se meten. Esto es lo que estamos tratando de evitar con esa apertura a esta iniciativa privada, que tiene nexos encumbrados en los principales puestos políticos del país.
Eso era todo lo que les queríamos decir por el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas.
Pregunta: ¿Quiere decir que van a impugnar la decisión, que van a proceder contra los legisladores?
JGG: No, de ninguna manera. Todos conocemos al PRI y al PAN, no vamos a impugnar nada porque insisto en una cosa, queríamos hacer una comisión de investigación. Los que presentamos la solicitud de la comisión de investigación fuimos excluidos de ella y se quedan los que ustedes conocen.
Nunca una comisión de investigación entregó resultados en tan poco tiempo, jamás y entonces Calderón, no sé si vieron por ahí que hizo dos declaraciones: una fue el diálogo que quieran, pero siempre institucional, pero con estas instituciones no se puede porque están dominadas por ellos.
No podemos ir a la PGR porque también los nombró Calderón, y tienen esa complicidad, no van a poder actuar en contra de su jefe. La otra declaración fue una diciendo: Ya basta.
Nosotros también decimos: Ya basta, señor Calderón, ya basta de raterías.
Pregunta: ¿Entonces no van a presentar denuncia?
JGG: No.
Pregunta: Y nos podría precisar cómo encontrar esos resquicios legales…
JGG: Gracias a la investigación periodística de una serie de medios, han escrito sobre esto Reforma, El Universal y muchos otros, Proceso, en particular Reporte Índigo, y este periódico Vanguardia de España.
Porque allá lo ponen muy bonito, porque de allá son ellos, es de Galicia. Si tu lees el periódico lo ponen con orgullo, porque el hijo de Galicia es exitoso es los negocios y yo digo que es un ratero.
Pregunta: Diputado, entonces ¿a qué le apuestan porque mencionaba al principio de su intervención “el todavía Secretario de Gobernación”?
JGG: Sí señor.
Pregunta: ¿Por qué?
JGG: Porque todavía es Secretario de Gobernación o ¿no? No le apuesto a nada. Yo tenía una obligación con ustedes de dar nuestra opinión sobre el trabajo de la comisión y por qué no entramos en ella y eso es lo que estoy haciendo. Nada más.
Muchas gracias.
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