Ricardo Monreal Avila en Milenio Diario

Está en curso un proceso de comunicación y acercamiento entre el gobierno y el EPR que es necesario ubicar en su justa dimensión.

Destaca en primer término la voluntad de acercamiento entre dos posturas opuestas en extremo: por un lado un gobierno de derecha que hace del Derecho un discurso de dominación, por el otro un grupo de extrema izquierda que hace de la vía armada un recurso de presentación. ¿De dónde nace esta voluntad de acercamiento de los extremos? De una necesidad política mutuamente compartida.

El gobierno tiene la necesidad objetiva de cerrar diversos frentes de batalla para los que “el monopolio de la violencia legítima” resulta ineficaz o no está dando los resultados esperados (el combate al crimen organizado, el repunte de los delitos del fuero común, el crecimiento de la emigración centroamericana, el malestar ciudadano por el alza de alimentos, la resistencia de la oposición de izquierda a una negociación de reformas privatizadoras y hasta el posible incremento de desastres naturales que cada año amenazan a la población civil). Simple y sencillamente, no hay ejército para tantos frentes ni presupuesto que lo financie.

Por el lado del EPR, desde el primer comunicado donde plantea una comisión de intermediación, no oculta los motivos de su inédito cambio de postura: el acoso a sus integrantes y la persecución de familiares y círculos cercanos a los guerrilleros disidentes. Debemos presumir que estaba en curso una inminente represión oficial que implicaría la desarticulación o extinción física de uno de los grupos políticos armados más antiguos del país, y entonces optaron por una iniciativa audaz: pasar de la ofensiva armada a la ofensiva política, planteando la intermediación.

Hay que dar la bienvenida a este ejercicio político, así sea por intereses estrictamente coyunturales de las partes, y no en función de un proyecto mayor de reforma democrática del Estado. Por lo pronto, debe advertirse que el acercamiento en curso no está exento de riesgos, amenazas y desencuentros. La mayor parte de ellos, provenientes del propio gobierno. Por ejemplo, no existe en su interior una postura homogénea sobre la necesidad y conveniencia del diálogo. Hay quienes ven en el planteamiento del EPR una prueba de su debilidad y apremian a dar el zarpazo final. Otros, en cambio, ven en el grupo armado disidente el interlocutor de izquierda que han buscado y no encontrado, en el afán de conseguir una legitimidad y reconocimiento político de este sector plural y diverso.

Si el gobierno tiene voluntad política real de un diálogo con el EPR debería por empezar a construir la infraestructura institucional y jurídica que encauce lo que ahora es un simple deseo de realización incierta. No hay propiamente un “manual de procedimientos para negociar con la guerrilla”, pero sí experiencias previas, en México y en otros países (especialmente centro y sudamericanos), que deben servir de referentes. Uno, las mediaciones son inevitables al inicio del proceso; no es posible pedir a un movimiento armado que salga del clóset de la clandestinidad con las manos arriba –y con lo que traiga puesto– a un “diálogo directo”; se requiere de traductores (mediadores) entre quienes dicen que está amaneciendo y quienes piensan que inicia la noche. Dos, tener un protocolo para las reuniones de acercamiento (agenda, tiempos, documentos y comunicados), especialmente prever la manera de abordar los acontecimientos que puedan dinamitar o contaminar el proceso de negociación. Tres, una ley que proteja a los rebeldes (amnistía, por ejemplo, en lugar de órdenes de aprehensión), que estimule a las partes a sentarse y a llegar acuerdos, pero ante todo, que blinde el proceso de negociación de los halcones, los duros y los “yunques” que siempre sobran en un gobierno (máxime sí es de derecha). Cuatro, no plantear como requisito inicial lo que en realidad es meta final (desarme, conversión a la vida política, incursión en la vida electoral o fundación de un movimiento social). Quinto, no “sobrevender” la negociación; no esperar grandes cambios estructurales de lo que realmente son aspectos procedimentales o coyunturales.

La aportación más valiosa de este tipo de negociaciones para las partes involucradas se llama tiempo. Tiempo para reorganizarse. Tiempo para reinventarse. Tiempo para respirar. Tiempo para adelantarse en las demandas. Tiempo para explorar otras opciones. Tiempo para seguir luchando. Tiempo para perdonar. Tiempo. Para algunos es poca cosa. Para otros puede ser la diferencia entre vivir o morir.

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