Información política confidencial

A pesar de que el especimen puesto a su consideración grazna como pato, camina como pato, vuela como pato, nada como pato, los magistrados de la sala superior del Tribunal electoral del poder judicial de la Federación , consideraron que no se trata de un pato, como si para identificarlo fuera necesario un manual de ornitología y no sólo abrir los ojos y los oídos.

Al negar que mensajes del Partido Verde pagados a las televisoras integrantes del duopolio sean propaganda electoral, los representantes del máximo órgano de la justicia electoral hirieron de muerte a la reforma que en el 2007 pretendió que el dinero dejara de ser elemento crucial de la competencia por los votos.

La historia comenzó el 18 de marzo, cuando empezaron a aparecer en los canales de Televisa y de TV Azteca mensajes del Partido Verde en que la presidenta de su grupo parlamentario en San Lázaro, la diputada Gloria Lavara, ensalzaba la iniciativa de su partido en torno de la pena de muerte, en la misma línea de argumentación (de algún modo hay que llamarla) que se echa encima de los ciudadanos desde una gran cantidad de anuncios espectaculares distribuidos profusamente en todo el país. Leer el resto de esta entrada »

F. Bartolomé en Reforma, dice:

AHORA RESULTA que los panistas importan del extranjero las mañas para burlar la ley.

CUENTAN QUE el consultor español Xavier Domínguez es el autor de la idea de utilizar un clon del alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, para evadir así la ley electoral que prohíbe la promoción de la imagen de los funcionarios.

LA LÓGICA del comercial toluqueño es que al no tratarse del alcalde, no se viola la ley, con todo y que quien aparece en los promocionales es alguien igualito al panista.

SEGÚN ESTO, el consultor ibérico ya trae a varios alcaldes panistas en su cartera de clientes y está tratando de hacer milagros para arreglarles la imagen, a fin de evitar la catástrofe que amenaza al PAN en las elecciones locales del 2009.

DICEN QUE entre los que se dejan asesorar por él hay varios panistas de peso como los senadores Gustavo Madero y Fernando Elizondo, quienes buscan ser candidatos a gobernador en Chihuahua y Nuevo León, respectivamente.

ASÍ QUE de la campaña del miedo de Antonio Sola durante la elección presidencial, ahora pasamos a la “guerra de los clones” del catalán Xavi Domínguez.

Ahora sí, como dijo mi abuelita: Todavía no caminas y ya quieres corres. Ese afán de protagonismo podría tumbar en definitiva sus aspiraciones o de plano macular su forzado ingreso.

Joaquín López Dóriga dice en Milenio Diario

VENGANZA. De llegar Jorge Alcocer al Consejo General del IFE, sus víctimas serán, primero, su presidente Leonardo Valdés, tras cuyo cargo va, y después los medios, a los que pasará factura de sus agravios, reales o imaginarios

Por Leo Agusto, misántropo a favor de la equidad de especies

Hace mucho que no sabía de Rosario Robles, hoy leí su colaboración en Milenio Diario donde se pronuncia a favor de la equidad de género entre los, las, les, lis, lus consejeros en el IFE.

Tiene razón cuando señala que eso de la equidad de género ya no debería ni siquiera estar sujeto a discusión.

Pero para mí, lo importante en el IFE es que los votos se cuenten y que una elección por cerrada que sea no deje ningún lugar para las dudas.

Por que si ese fuera el caso, el de la equidad de género en la IFE, Jorge Alcocer ya estaría buscando una clínica en Houston para hacerse una jarocha quirúrgica, es decir, una operación de cambio de sexo.

Rosario tiene razón, pero su proceder, políticamente hablando, representó un retroceso en la presencia de las mujeres en la vida pública y política de un país tan arraigadamente machista.

Por Leo Agusto

Pareciera que el senador priísta Manlio Fabio Beltrones quiere armar un aparato a modo para la sucesión en el 2012 y Jorge Alcocer se registró, otra vez, como candidato a consejero del IFE.

Ya nada más falta que si un día hay un bautizo el sonorense quiera ser el niño. Es peligroso el protagonismo de Beltrones, porque en una de esas, el ciego del acordeón al que el senador cree estar golpeando sin posibilidad de consecuencias, suelta su instrumento y nos da la sorpresa de que no es invidente.

I¿Cumplir o no cumplir? Recurrentemente los gobernantes nos quejamos de que los ciudadanos no respetan la ley. Pero hay ocasiones en que incluso las leyes más polémicas son respetadas por la mayoría. Un buen ejemplo es el alto nivel de cumplimiento que han logrado las reformas que prohíben fumar en espacios cerrados en el DF. Al menos en este caso, la gente optó por la legalidad.

No podemos decir lo mismo de todos los gobernantes. La toma de protesta de prácticamente todos los cargos de elección popular repite la fórmula: “Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución…” pero varios lo olvidan en cuanto salen del recinto. Un ejemplo —entre muchos otros— es el uso de recursos públicos para la promoción de intereses personales.

II. ¿Por qué no podemos poner el ejemplo? A partir de las últimas reformas en materia electoral, todos los servidores públicos estamos obligados a ser imparciales y a utilizar la comunicación social sólo con fines informativos y de orientación social. Por mandato constitucional, en ningún caso este tipo de comunicación incluirá “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

La prohibición es muy clara, y a pesar de esto gobernantes de todos los partidos continúan autopromoviéndose a través del presupuesto de comunicación. Algunos creen que evaden el cumplimiento de la ley jugando con sus nombres y creando frases que los incluyen de manera un tanto burda. Otros juegan con el presupuesto y pagan publirreportajes para ser noticia.

También hay quienes ignoran sin miramientos la Constitución y aprovechan cualquier espacio para promover su imagen o nombre a costa del erario.

III. ¿Corrupción, pero poquito? Cuando los ciudadanos están respetando la ley los funcionarios tenemos mayor responsabilidad de hacerlo. Además, estas prácticas desvían recursos de temas más importantes como la seguridad y el desarrollo social. Usar recursos públicos para fines personales es corrupción. ¿Por qué no esperar el momento, la manera y los recursos legales para hacer propaganda?

Es suficiente mirar las mantas en las calles y las cápsulas en la TV para darse cuenta de quién sí respeta y quién no la Constitución que juró proteger.

Contacto: gabrielacuevasbarron@hotmail.com

Publicado en el periódico El Gráfico

La crisis que padece el Congreso va mucho más allá de la obstrucción de un grupo minoritario de legisladores a la tribuna o al recinto parlamentario. Sin ninguna duda eso, lo ocurrido, es lamentable, preocupante y muy grave, pero la crisis subyacente lo excede. Su origen no está propiamente en el Congreso, tampoco es exclusiva de sus integrantes, mucho tiene que ver con los partidos y el desenlace de la competencia política en julio de 2006, con su secuela de agravio, rencor, oportunismo y desencuentro.

En la valoración del desempeño del Congreso no puede haber complacencia, porque el proceso democrático ha depositado las decisiones fundamentales del país en quienes lo integran. A mayor poder, mayor responsabilidad. Por esta razón los legisladores, en lo individual y en los grupos parlamentarios que constituyen, no pueden ni deben eludir un elemental ejercicio de autocrítica.

A diferencia de los primeros nueve años desde que el Presidente perdió mayoría parlamentaria, el Congreso ha aprobado reformas muy importantes. Incluso, algunas de ellas con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La reforma del ISSSTE, la fiscal y la electoral atienden temas muy serios y trascendentes para el país; sin embargo, especialmente para los dos últimos casos, los cambios legales acusan insuficiencias e incorporan aspectos contraproducentes al objetivo que inspiró cada una de estas reformas.

Ahora, el Congreso aborda uno de los temas más sensibles de la política. La reforma a Pemex; es urgente y las opciones para darle eficacia y rentabilidad a la paraestatal se han reducido precisamente por los alcances tan estrechos que tuvo la reforma fiscal. Es difícil que Pemex pueda resolver por sí mismo sus necesidades de inversión y modernización sin afectar de manera importante los cuantiosos recursos que se trasladan al gobierno, precisamente, por la vigencia de un régimen recaudatorio ineficiente. La reforma fiscal incrementó marginalmente los ingresos públicos y lo hizo de manera injusta y, eventualmente, de dudosa constitucionalidad como se infiere del hecho de que el IETU es el acto de autoridad que mayor número de impugnaciones ha recibido en la historia del derecho de amparo.

Aun más graves fueron algunas disposiciones aprobadas en la reforma electoral. En unos meses ya se advierte lo que aquí dijimos antes de que hubiera iniciativa: que el sector que domina al Congreso pretendía un IFE a modo, es decir, un órgano electoral débil y sometido. La institución que ha sido columna vertebral de la modernización de las prácticas e instituciones electorales está en su peor momento. No se le fortaleció, se muestra errática y frágil ante los partidos, de la misma forma en la que el Tribunal Electoral ha eludido cumplir con sus responsabilidades de someter a los partidos a la legalidad y democracia interna, al no resolver la diferencia que hay en el PRD bajo el cuestionable argumento de que es un tema de la exclusiva competencia del partido, cuando quien invoca justicia lo hace, precisamente, porque su partido no ha podido resolver internamente la dificultad.

Sin desconocer aspectos muy positivos en los cambios a la Constitución y a la ley electoral, es muy preocupante el desdén generalizado en el Congreso hacia el régimen de libertades. Es evidente que el sector político que ahora decide, prefiere evitar los riesgos del exceso de libertades —dificultad intrínseca a toda democracia—, restringiendo su ejercicio. Una y otra vez, con distintos propósitos y en distintos grupos parlamentarios se muestra este desprecio por el régimen de libertades, sustento de toda democracia.

Lo menos que se puede decir es que los resultados de la actual legislatura son discutibles. Lo importante ahora es cómo recuperar la capacidad decisoria del Congreso, pero en un marco de responsabilidad política y lealtad a los valores y principios de la democracia. La reforma no ha llegado al Poder Legislativo, las reglas sobre el trabajo parlamentario son rígidas y estrechas; además, las condiciones de anonimato del ejercicio legislativo hacen de los diputados y senadores fichas sueltas del juego político. La rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio no existen en el Congreso, por esta razón se ven impotentes cuando un sector decide romper con las reglas elementales del trabajo parlamentario. El déficit de legitimidad anula la credibilidad y fuerza del llamado a la sensatez o la prudencia que hacen los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias.

En los tres principales partidos existe divorcio entre autoridades partidistas y sus coordinadores parlamentarios. La complacencia de quienes dirigen formalmente a los partidos políticos sobre el deterioro del Congreso es la causa principal de la situación. No hay autoridad por encima de los dirigentes de los partidos que no sea el de la opinión pública, que pueda señalarles su desentendimiento con la obstrucción que ha sufrido el Congreso.

Nadie gana con esta crisis; es hora de que los legisladores, sus coordinadores y los dirigentes de los respectivos partidos, entiendan y asuman la responsabilidad que la democracia les ha otorgado colectivamente. Es necesario que el Congreso recupere normalidad para desahogar la agenda legislativa. Es lamentable que los trabajos parlamentarios tengan lugar en recintos alternos. Todavía peor es la autoexclusión del Frente Amplio Progresista, una de las fuerzas políticas fundamentales del espectro ideológico.

La reforma al régimen vigente de los hidrocarburos debe atenderse. La pretensión de eficacia al legislar ha ocurrido restringiendo el debate y la consulta. Es un error que debe enmendarse. El tema ahora en cuestión es una excelente oportunidad para que el Congreso acredite su representatividad y capacidad de respuesta.

Es muy probable que la iniciativa del Ejecutivo tenga modificaciones sustantivas. Lo importante es que el nuevo marco legal corresponda real y efectivamente a las necesidades del país. Así mismo, que a través de un proceso legislativo en el marco de la inclusión, se dé el debate con aprecio a la voz de los muchos legítimamente interesados en el cambio. Una reforma a la satisfacción de todos es imposible, pero esto no debe dar lugar para descalificar a priori los argumentos a partir de la aritmética parlamentaria. La anhelada reconciliación se ha alejado del horizonte. Ahora sólo queda, para quienes tienen la investidura parlamentaria, cumplir con la responsabilidad conferida, legislar, para eso fueron electos.

Para llegar a esto se hizo una reforma electoral, para satanizar con el cuento del ogro del bosque.

Como sociedad merecemos más que tomas de tribunas y spots comparativos con Hitler y anexas.

El 12 de marzo, el Consejo General del IFE aprobó el reglamento en materia de propaganda institucional y político-electoral de los servidores públicos. El ordenamiento ha pasado inadvertido no obstante su importancia. Lo votado por el IFE plantea problemas de legalidad y la pérdida de terreno del órgano electoral respecto a los factores de poder en los partidos.

La deficiente técnica legislativa en las nuevas disposiciones constitucionales y del Cofipe introducen ambigüedad e incertidumbre, en especial en lo referente a la publicidad institucional que realizan autoridades locales. Se entiende que el Consejo del IFE haya pretendido subsanar las deficiencias vía el reglamento, sin embargo, en tal empeño cometió errores que comprometen la legalidad.

En la reforma electoral, la encomiable intención de evitar abuso en materia de publicidad fue sustituida por quienes buscaron mejorar posición ante la futura disputa por la candidatura presidencial; por ello los más poderosos legisladores han sido quienes con mayor insistencia han exigido que el IFE frene la publicidad institucional de autoridades locales. Esta postura también tiene eco en los legisladores aspirantes a las gubernaturas, quienes ven en los presidentes municipales, adversarios a superar. Sin embargo, la deficiencia en la reforma electoral creó una regulación con agujeros a los propósitos confesables e inconfesables del cambio legal.

El Consejo General del IFE no tiene atribuciones legislativas; al IFE no le corresponde definir qué es publicidad institucional, promoción personalizada o propaganda política electoral; esta es tarea del legislador. Un reglamento no es para interpretar la Constitución o para resolver las lagunas en la ley. Es más, en el caso particular de promoción personalizada en los términos del artículo 134 constitucional, ni siquiera el Congreso de la Unión puede legislar respecto a autoridades locales y municipales, excepto para procesos electorales federales. Como ya se ha dicho, corresponde a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF, atender estos temas.

El IFE no puede darse atribuciones a sí mismo por más aceptable o positivo que sea el propósito. La promoción personalizada, como se consigna en la Constitución, no constituye una falta de carácter electoral, sino de desviación de recursos públicos. Puede haber intencionalidad de carácter electoral, pero es hipotética, ya que sólo ocurriría si el funcionario beneficiado decidiera ser candidato, situación prevista y sancionada en la esfera electoral si su conducta fuera constitutiva de actos anticipados de campaña. La promoción personalizada es una infracción de carácter administrativo, por lo mismo, corresponde a las autoridades fiscalizadoras del gasto público, no a las electorales, atender este tipo de asuntos que, para el caso local, se requiere que las legislaturas establezcan los procedimientos, órganos competentes, así como las obligaciones y derechos de los sujetos vinculados con la publicidad institucional.

Recurrir con ligereza al argumento de actos anticipados de campaña —como lo hace el reglamento— para fundar el control de la publicidad, es riesgoso en extremo para la libertad de expresión, ya que afecta por igual a autoridades que a particulares, así como a los medios escritos, no sólo a los electrónicos. Respecto a actos de autoridad restrictivos de la libertad de expresión no puede haber medidas preventivas o cautelares; tampoco autoridades con poder irrestricto o discrecional como lo plantea el reglamento respecto al IFE. En todo caso, el acto anticipado de campaña se sanciona con la pérdida de registro o del derecho a ser postulado candidato. Para la radio y tv hay soluciones particulares, las que no son aplicables a los medios escritos, por razones vinculadas a la libertad de expresión, tesis que no atiende el ordenamiento aprobado por el IFE.

En el afán de lograr equidad o de emparejar la competencia por las candidaturas, según se crea, la reforma electoral riñe con el régimen de las libertades individuales, mientras que las dirigencias fácticas o formales de los partidos fueron beneficiadas por el nuevo régimen legal. Al IFE se le dieron dientes para controlar a los medios y para reducir el espacio de la libertad de expresión en la radio y tv. De la misma manera que se intentó habilitarlo (en falso por la deficiente legislación) para amordazar a las autoridades locales.

En contraste, al IFE, desafortunadamente, no se le dieron atribuciones para atraer a los partidos a la legalidad y a la democracia; los derechos políticos de los miembros de los partidos no fueron protegidos, al contrario, se disminuyeron, bajo el argumento de que las autoridades no deben intervenir en los asuntos internos de los partidos. Al IFE no se le dieron atribuciones para presentar controversias constitucionales y así defenderse de la intromisión de la Cámara de Diputados, como ya ocurrió cuando ésta invadió la esfera de competencia del IFE, al aprobar el presupuesto de 2007 con criterios generosos para los partidos.

Para algunos el desempeño del actual Consejo del IFE traiciona a la reforma electoral. Más bien, el reglamento y el desempeño del consejo convalidan la crítica a la reforma. Ahora el Consejo se muestra vacilante y temeroso de los partidos. El reglamento lo lleva al enfrentamiento al pretender controlar al margen de la ley a los gobernadores y presidentes municipales, situación que contrasta con la determinación de no investigar y no sancionar a los partidos por los spots irregulares o no reportados de la campaña de 2006. Para los partidos, borrón y cuenta nueva; para los medios y autoridades locales, intimidación y amordazamiento a través de un reglamento de dudosa legalidad.

Es un error creer que la política es sólo para los políticos. En esta perspectiva la sociedad, los ciudadanos y los medios de comunicación son tratados como intrusos. El IFE debe servir para que la sociedad participe y enriquezca a la política. Más allá de sus limitaciones e insuficiencia, los medios escritos y electrónicos son, por excelencia, el espacio natural de la democracia, precisamente porque hacen realidad a la libertad de expresión, derecho que a todos compete, no sólo a los políticos.

ifelegislando.doc

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La integración del Consejo General del IFE y la designación de su nuevo presidente marca el inicio del cambio implícito en la nueva ley. Aunque todavía falta un paquete de reformas, especialmente, las que se refieren al Poder Judicial de la Federación y a la ley que regula los medios de impugnación en materia electoral, lo más importante de los cambios ya ha sido definido.

La transformación del IFE es profunda. La Cámara resolvió con el aval de las tres principales fuerzas renovar al consejo; tres expertos con antecedentes profesionales de excelencia han sido designados. Ahora lo que corresponde es dar curso a los cambios en la institución en un marco de responsabilidad, imparcialidad y profesionalismo. La situación exige un consejo independiente, pero también se requiere que los partidos participen y contribuyan para facilitar las tareas del nuevo consejo. De una vez por todas es preciso iniciar una nueva relación entre el IFE y las organizaciones políticas.

Cuando concluya la selección de dirigencia nacional del PRD, todos los partidos habrán ingresado a una etapa de estabilidad en sus direcciones. Es natural que el objetivo ahora sea encaminado hacia metas electorales, lo que propiciará una mayor cohesión interna, aunque también inhibirá la colaboración para los acuerdos en el Congreso, especialmente si éstos van a contrapelo de su posicionamiento programático o si implican costos electorales. Aun así, para este periodo de sesiones es imprescindible la aprobación de la reforma de justicia penal y la que lleva al fortalecimiento y actualización del sector de energía.

El calendario electoral se aproxima. Seis estados —Campeche, Nuevo León, Sonora, Colima, San Luis y Querétaro— renovarán a su Ejecutivo local de manera concurrente a la elección federal; además, el DF, Jalisco, Guanajuato y Morelos tendrán comicios para elegir legisladores y ayuntamientos; meses antes el Estado de México habrá de proceder a elecciones intermedias y está pendiente de resolver si Tabasco y Chiapas modifican sus calendarios electorales. Las nuevas reglas implican nuevas formas de hacer campaña, mejorar la actuación de la autoridad y que los partidos den pasos más decididos para su legalidad y democracia internas. No es poco lo que se espera.

La selección de candidatos a cargos ejecutivos se resuelve en función del cálculo que hacen los partidos para ganar la elección. Es evidente el incentivo de presentar como candidato a quien tiene mejores posibilidades de ganar, aunque no siempre sucede. Es necesario, que con anticipación, los partidos construyan modalidades de selección para que el proceso interno no los divida o afecte en sus posibilidades de triunfo. Cada partido define sus prioridades a partir de su diferente presencia regional. En la mayoría de los lugares la contienda se dará entre el PRI y el PAN, aunque hay Estados en los que los tres partidos concurren y entidades en las que la competencia se concentrará entre PRD y PAN como el Distrito Federal.

En elecciones a cargos ejecutivos se ha vuelto común que los comicios se resuelvan por diferencias muy reducidas. Así aconteció en las elecciones de gobernador de hace seis años en Sonora, San Luis Potosí, Colima y Campeche. Resultados que se deciden por un estrecho porcentaje obligan a los partidos a ser cuidadosos en extremo de todos los aspectos de la elección. Lo elemental es que sean los partidos y los candidatos los actores centrales del proceso, sin intervención indebida de autoridades o de particulares, pero con un escrutinio efectivo de la sociedad y los medios. Igualmente importante, será asegurar un financiamiento y gasto electoral dentro del nuevo marco legal.

Derivado de la experiencia del pasado, un tema de particular dificultad será la integración de las listas de candidatos de representación proporcional. El Congreso se ha fortalecido y los partidos requieren incrementar su presencia en la Cámara de Diputados con fracciones que les permitan negociar con eficacia. El PRI ha mostrado habilidad y unidad, lo que le ha dado buenas cuentas. Al PRD lo ha dañado interna y externamente las divisiones entre sus legisladores, aunque es posible que el problema se conjure al momento de la elección de dirigencia o en la renovación de legislatura.

El PAN tiene normas internas que dan cierta seguridad a la integración de listados, pero no es claro que esto siempre sea consecuente con los criterios de democracia o legalidad, como es la cuestión de las cuotas de género que la ley ordena cumplir. El PRI se vio afectado hace seis años, las presiones ahora habrán de incrementarse, especialmente, porque hay una razonada expectativa de triunfo en 2009 y 2012, situación que no se presentaba desde hace tiempo.

Los partidos pequeños han perdido incentivos para conformar coaliciones. Convergencia ha tenido claridad al respecto y se ha ido preparando para enfrentar el desafío electoral. Nueva Alianza, el PVEM y Alternativa tienen una base social identificada, pero requieren de modalidades de trabajo político y electoral territorial que les haga diferenciarse y movilizar a sus simpatizantes, tarea un tanto compleja. Los partidos que suscriban coalición deberán integrar listas propias de plurinominales; frente a la incertidumbre insistirán en definir candidatos en distritos de alta probabilidad de triunfo para la coalición.

Las reglas del juego político electoral se han modificado. Sin embargo, la reforma no puede limitarse a lo normativo; las conductas y las actitudes con frecuencia juegan un rol mayor y adquieren relieve para que el cambio pueda tener un desenlace deseable. El IFE sufrió un deterioro que hay que superar. La renovación del consejo y las nuevas reglas presentan condiciones no sólo para recuperar el prestigio y autoridad del órgano electoral, sino para que pueda cumplir con eficacia las funciones que la ley le encomienda. Ha sido un largo y accidentado tránsito, y más que nada es la actuación de autoridades, partidos y candidatos la que tiene la última palabra para apreciar las buenas cuentas de la transformación.

Publicado en el blog del autor: liebanosaenz.wordpress.com

El lunes 7 de enero el presidente Calderón emitió un mensaje televisado a nivel nacional con motivo del inicio de año. La pertinencia y conveniencia de hacerlo está fuera de cuestión. Su condición de jefe de gobierno y del Estado mexicano lo obliga a este tipo de presencia mediática. Temas de importancia y de preocupación pública, como es el impacto del TLC o la lucha contra el crimen organizado, deben ser encarados en la brevedad que ofrece la oportunidad de un mensaje de tal naturaleza.

De manera análoga puede decirse que los mandatarios estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deben comprometerse públicamente al cumplimiento de metas y, en su caso, invitar a la sociedad en el desarrollo de las tareas de gobierno. El poder requiere de rituales y símbolos. El sentido de representación se construye con las acciones y las obras, pero también con las palabras. En buena parte gobernar es comunicar.

Si el Presidente puede emitir un mensaje de tal naturaleza, en consecuencia, el jefe de Gobierno del DF, los gobernadores, los presidentes municipales, los legisladores o cualquier servidor público también lo puede hacer. Bajo la misma lógica, si es posible para el inicio de año, también puede el Presidente aparecer a cuadro con motivo de alguna otra efeméride o acontecimiento, como informe de gobierno, aniversario de inicio de gestión, etcétera.

Sin embargo, la Constitución fue reformada en meses pasados. De su texto, se advierte que los redactores de la reforma, quizás sin proponérselo, incurrieron en un exceso tal, que pudiera haber amordazado a los servidores públicos en el ejercicio de sus responsabilidades. En efecto, el artículo 134, párrafo sexto dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

El texto constitucional aludido en su parte final dice que la publicidad gubernamental, además de corresponder a objetivos institucionales y a fines informativos, educativos o de orientación social, en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes o voces que impliquen promoción personal del servidor público. ¿Cómo evitar la promoción personal si hay imagen, nombre o voz del emisor del mensaje? La redacción es deficiente para ofrecer certeza o claridad. El término “promoción personal” es impreciso, subjetivo y, en el mejor de los casos, ambiguo.

Podría interpretarse que es suficiente cumplir con el primer aspecto, es decir, que la publicidad sea institucional y con ello se obvia la cuestión, por lo que es permisible que aparezcan imágenes o voces. En consecuencia, el presidente Calderón y cualquier otro funcionario que haya actuado en forma semejante, lo hizo con apego al nuevo texto constitucional.

El problema es que el texto sí crea una hipótesis de conflicto entre el hecho y la norma, ya que además de institucional, en la emisión del mensaje, de conformidad con la letra de la reforma, no debiera haber imagen o voz que implique personalización del funcionario que emite el mensaje. Se podría decir que el mensaje presidencial no implicó promoción personalizada, la cuestión es que si se acepta tal apreciación, prácticamente haría nugatoria la reforma, esto es, que cualquier otro funcionario, aludiendo equivalentes razones institucionales, podría hacer uso de los medios de comunicación en los mismos términos que en el pasado.

El anuncio de un funcionario en un espectacular o en un promocional televisado o en la radio, refiriéndose a una obra, a un hecho o logro de su gestión es estrictamente institucional; sin embargo, quienes promovieron la reforma pretendieron evitar que los funcionarios se promovieran para evitar en el futuro condiciones inequitativas para la competencia electoral. Tan es así que el cambio en la Constitución se da en el marco de una reforma electoral, cuyo propósito, en diversos artículos, es delimitar la libertad de expresión y sus eventuales excesos, en aras de la equidad en la competencia.

En esta interpretación sobre los fines de la ley, aparentemente el Presidente estaría al margen de la controversia, toda vez que al no haber reelección no habría inequidad futura. Sin embargo, esta apreciación corresponde al prejuicio que se deriva de la experiencia previa, no de la estricta lógica jurídica. Por ejemplo, nada excluye como hipótesis legal, que un ex presidente pueda ser postulado para otro cargo, por lo mismo, la idea de inequidad futura se sostiene, incluso para quien difícilmente en el futuro encararía las urnas. Además, los gobernadores y los presidentes municipales también están sometidos al principio de la no reelección, por lo que al permitírsele al Presidente de la República, también a ellos habría de aplicarles el beneficio.

Está fuera de duda la conveniencia de que el Presidente de la República pueda dirigirse al país, al igual que los mandatarios locales a sus gobernados. Sería absurdo impedírselo. Sin embargo, el exceso de significado del texto constitucional presenta una controversia que exhibe las consecuencias de una mala reforma o si se quiere de una reforma buena, pero que llegó a mal puerto porque su motivación fue modificar las coordenadas en una competencia anticipada por la Presidencia de la República.

Es el caso de una buena y necesaria reforma que podría haberse pervertido en el proceso de su concreción al haber eludido un debate auténtico sobre su contenido y sus efectos, por unos legisladores que erróneamente asumieron que su indisputable representación, les daba derecho para legislar a espaldas de la sociedad; una buena reforma con deficiente expresión por creer que toda observación y crítica era una respuesta embozada del statu quo. Una mala reforma por el desdén a las libertades, generalizado en la clase política.

Por Leo Agusto

Así como Clinton tocaba el sax a Moreira le gusta la cumbia colombiana y tal vez es una estrategia para ganar simpatizantes. Dar la nota a como dé lugar para aparecer en los noticieros de televisión ahora que ya no es posible aparecer en pantalla por la vía del spot.

Y Amalia García amaneció muy ambientalista y con un texto que raya en los niveles del bostezo descubre hoy que el cambio climático es un asunto serio y quiere cambiar la conciencia del mundo con un choro aburrido, hay que mandarle el documental de Al Gore para que vea cómo se puede generar conciencia. Pero tal vez la gobernadora estaba muy aburrida o no quiso hablar del proceso de elección de presidente en el PRD, que poco podría decir, ya que la elección en la que ella participó fue una de las más marranas de las historia del partido amarillo. Y el contendiente era, exacto adivinó usted lector, lectora, caramelo, bolita; Jesús “el forever” Ortega.

Pero se acordaron que todavía les hacia falta hacer las compritas navideñas y se echaron para atrás.

Los ocho consejeros del IFE no lograron ponerse de acuerdo para designar al sucesor de Luis Carlos.

Fue a las 9 de la tarde del sábado que Rodrigo Manzanarez realizó el anuncio, no hay humo blanco en periferico y viaducto tlalpan.

Arturo Sánchez propuso que los ocho miembros del Consejo General fueran Consejeros Presidentes internos. Total cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.
Andrés Albo, dijo que además de nombrar al sucesor interino de Luis Carlos habían otros temas de importancia a tratar.

Habrá una nueva sesión este domingo a las 11 de la mañana, no aclararon si sería con caracter de urgente como la de ayer, pero se espera sí designen al sucesor interino de Luis Carlos, que presidirá el instituto mientras en la Cámara de Diputados logran ponerse de acuerdo.

Como pueden ver amables lectores en el IFE también están divididos. Y ése es el IFE que entrega Luis Carlos cuyo problema de origen viene de octubre de 2003, con su cuestionable designación.

Colaboración de Leo Agusto

La Cámara de Diputados no pudo cumplir con el mandato que avaló antes en la reforma constitucional electoral, cuyo artículo transitorio Cuarto determinaba que la renovación parcial del Consejo debería tener lugar en un término no mayor a 30 días a partir del inicio de vigencia de la reforma. Resulta paradójico que el Constituyente Permanente haya aprobado la reforma constitucional con relativa facilidad y expresiones amplias de consenso; que el Congreso haya expedido prácticamente un nuevo Cofipe en el curso de menos de dos meses, con el voto mayoritario de PRI, PAN y un PRD dividido, y que por otro lado, la Cámara no haya podido procesar el nombramiento de tres consejeros, decisión, por mucho, más sencilla y crucial para la conclusión del proceso de reforma.

El procedimiento para la selección de consejeros se acredita por sus resultados. No es para festinar el mal paso, tampoco para ignorarlo. Lo acontecido es una radiografía de las dificultades e insuficiencias de la vida parlamentaria y de la política de estos tiempos. Se abrió la puerta para que cualquier interesado pudiera acceder a la responsabilidad de consejero. Un grupo cuantioso de ciudadanos de buena fe decidieron participar, la mayoría de estos, con credenciales de excelencia para el cargo; no sólo vieron pasar la oportunidad, también padecieron el desdén por la exclusión sin fundamento y, en algunos casos, hasta el escarnio y el insulto se hicieron presentes por el anfitrión.

Lo ocurrido hace pensar que el consenso extraordinario para la reforma legal ocurrió por el deseo compartido de las fuerzas políticas para reducir la presencia comercial y editorial de la radio y tv, así como para eliminar la presión de los partidos pequeños al momento de formar coaliciones. El acuerdo se hizo fácil cuando se trató de ajustar a otros, no al momento de las determinaciones positivas.

Esto explica que la remoción del consejo anterior no representara dificultad alguna; el acuerdo se hace presente cuando se trata de enfrentar, combatir o disminuir a un real o imaginario adversario común de quienes detentan la posición de influencia en el Congreso, los de enfrente son los medios, los partidos pequeños o los mismos militantes que van a la justicia electoral para defender su derecho a ser votado.

En el proceso de valoración de propuestas, prevalecieron los vetos y las inexplicables e infundadas exclusiones, así como el doble lenguaje: una cara hacia el público y otra en la reducida mesa de negociación. La intransigencia condujo a la posposición de la selección y con ello el incumplimiento de la reforma aprobada por los mismos diputados semanas antes.

Trivializar el tema invocando legalidad de la posposición agravia a la sociedad que los diputados dicen representar. Los argumentos empleados son insostenibles, como el de que a lo imposible nadie está obligado. Si así fuera el caso, no habría Presupuesto, ni Ley de Ingresos, tampoco instalación del Congreso. No es aceptable que los diputados consideren como imposibilidad lo que ellos mismos signaron. Los legisladores incumplieron con el mandato constitucional y la responsabilidad recae en las tres principales fuerzas políticas, las que, de manera sorpresiva, supieron caminar juntos en el proceso legislativo.

El nuevo Cofipe contiene cambios profundos que deben concretarse a la brevedad; en realidad el IFE pasa a ser Instituto Nacional Electoral, con efectos centralizadores, especialmente en la asignación de publicidad en radio y tv. Las funciones de fiscalización se han tornado más complejas y especializadas y se ha establecido una separación clara entre las tareas de gobierno a cargo del consejo, respecto a la de administración y operación a la responsabilidad de los órganos ejecutivos.

Con estos cambios es inexplicable que los tres nuevos consejeros, incluyendo a quien será el presidente no se conozcan en el momento en el que debe tomar curso el proceso de renovación institucional. La incertidumbre pesará sobre los consejeros designados en 2004. La única base defendible para la renovación del consejo y el reemplazo de su presidente, es que el relevo era necesario para el cambio en la institución, como sucedió en otras ocasiones. La posposición deja al descubierto que la exigencia de los relevos en el órgano electoral fue producto del agravio de algunos, la mezquindad de los de en medio y la indolencia de otros; no se percibe interés para el perfeccionamiento de las instituciones electorales.

El IFE, uno de los mayores logros del proceso democrático, resultó el eslabón débil de la polarización política propiciada por partidos y autoridades gubernamentales durante las elecciones federales pasadas. En estricto rigor jurídico, el presidente del consejo no renunció, tuvo que separarse del cargo porque quienes mandan en el Legislativo, resolvieron aplicar retroactivamente la Constitución en perjuicio de los integrantes del consejo y, por ende, de la autonomía de la institución. A los demás integrantes, el peso de la humillación inicial, cuando se concedió por el PAN la remoción, era razón suficiente para dejar la responsabilidad. La renuncia era la respuesta digna a un trato injusto e indebido.

Los diputados han llevado a la peor de sus crisis al IFE. Es tiempo de que las autoridades y los líderes políticos nacionales acuerden los términos para enmendar el curso, esto es, la sesión extraordinaria de la Cámara para resolver la crisis y cumplir a la brevedad lo dispuesto en la Constitución; sin embargo, da la impresión de que se ha pensado de manera distinta. Lo acontecido no es un accidente, es la secuela de un deterioro constante de las instituciones de la República.

Los acuerdos de consenso son el ideal. Lo deseable es que el consejo sea designado con el aval de las tres principales fuerzas políticas. Sin embargo, el consenso implica responsabilidad y sentido de lealtad institucional, de otra suerte se vivirá la dictadura de las minorías intransigentes. La única salida a la situación la representa un acuerdo de mayoría, pero también en este caso se requiere de un compromiso con la pluralidad, para evitar arrollar a las minorías.

La dificultad de los diputados para cumplir con el mandato constitucional no sólo plantea un problema de legalidad, también de moral pública y de elemental sentido de responsabilidad. La clausura del periodo sin haber concluido el compromiso constitucional de renovar el consejo del IFE es una derrota de la política, un lamentable episodio que revela la degradación a la que se ha llevado a la representación popular.

Colaboración de Liébano Sáenz, publicada en Milenio Diario, reproducida con autorización del autor.