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Los hechos muestran que haber elevado a rango constitucional la transparencia no es garantía de que la sociedad tenga acceso a todos los expedientes que involucran manejo de recursos, contratación de personal y toma de decisiones importantes en el servicio público. De hecho, hay oficinas e instituciones que simplemente no le dan importancia a la rendición de cuentas porque la consideran el nuevo discurso de la demagogia mexicana.
Como el IFE, que simplemente ha guardado silencio luego de que se le probó que su Director Ejecutivo de Administración, Fernando Santos, mentía deliberadamente para encubrir a Carla Humphrey, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, presidido por Edgar Elías Azar, un antiguo colaborador del desaparecido José Francisco Ruiz Massieu, hoy ofrece una muestra clara de falta de compromiso con la transparencia.
La otra cara del escándalo derivado del pago de una dote matrimonial, sin boda de por medio, en favor de la consejera Carla Humphrey, es la respuesta aclaratoria ultra express remitida a RUMBO DE MÉXICO por Fernando Santos, responsable nada menos que de las finanzas y la administración del gigantesco presupuesto del IFE.
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(Segunda parte)
Contra lo que algunos calculaban lo mismo en el instituto Electoral del Distrito Federal que en el Partido Acción Nacional, en lugar de probar su inocencia en el caso del bono por dote matriomonial que, según los archivos del IFE cobró en enero de 2000, Carla Humphrey Jordan, la consejera del escándalo, ha tratado de utilizar el caso como instrumento y pretexto para, a partir de su gran influencia en el PAN, ajustar cuentas con uno de sus compañeros consejeros, curiosamente propuesto también por los panistas para llegar al órgano electoral capitalino: Fernando Díaz Naranjo.
(Primera parte) - esto pinta mejor que la peli de Sex and the City, nota del bloguero-
La influencia de la consejera (ningún ciudadano común y corriente logra que una autoridad administrativa le responda por escrito una petición en cuestión de horas) se debe, en parte a que sigue en el IFE Arturo Sánchez, quien también la tuvo bajo sus órdenes, en parte a que injustificadamente, Lujambio mantiene influencia en la institución, y en parte, hay que decirlo, a que Roberto Gil Zuart, representante del PAN ante el IFE y brazo derecho de Germán Martínez Cázares, es su prometido y con quien pronto contraerá nupcias para consumar el más escandaloso conflicto de intereses de que se tenga memoria en cualquier órgano electoral.
Ahora sí, como dijo mi abuelita: Todavía no caminas y ya quieres corres. Ese afán de protagonismo podría tumbar en definitiva sus aspiraciones o de plano macular su forzado ingreso.
Joaquín López Dóriga dice en Milenio Diario
VENGANZA. De llegar Jorge Alcocer al Consejo General del IFE, sus víctimas serán, primero, su presidente Leonardo Valdés, tras cuyo cargo va, y después los medios, a los que pasará factura de sus agravios, reales o imaginarios
Por Leo Agusto, misántropo a favor de la equidad de especies
Hace mucho que no sabía de Rosario Robles, hoy leí su colaboración en Milenio Diario donde se pronuncia a favor de la equidad de género entre los, las, les, lis, lus consejeros en el IFE.
Tiene razón cuando señala que eso de la equidad de género ya no debería ni siquiera estar sujeto a discusión.
Pero para mí, lo importante en el IFE es que los votos se cuenten y que una elección por cerrada que sea no deje ningún lugar para las dudas.
Por que si ese fuera el caso, el de la equidad de género en la IFE, Jorge Alcocer ya estaría buscando una clínica en Houston para hacerse una jarocha quirúrgica, es decir, una operación de cambio de sexo.
Rosario tiene razón, pero su proceder, políticamente hablando, representó un retroceso en la presencia de las mujeres en la vida pública y política de un país tan arraigadamente machista.
Por Leo Agusto
Pareciera que el senador priísta Manlio Fabio Beltrones quiere armar un aparato a modo para la sucesión en el 2012 y Jorge Alcocer se registró, otra vez, como candidato a consejero del IFE.
Ya nada más falta que si un día hay un bautizo el sonorense quiera ser el niño. Es peligroso el protagonismo de Beltrones, porque en una de esas, el ciego del acordeón al que el senador cree estar golpeando sin posibilidad de consecuencias, suelta su instrumento y nos da la sorpresa de que no es invidente.
Por Leo Agusto, soy fans de ventaneando
TV Azteca informó que el juzgado décimo tercero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal emitió una resolución que suspende la multa impuesta por el IFE al no transmitir los spots de los partidos políticos en tiempo y forma.
Sin embargo, dicha resolución no le suspende la obligación de transmitir los spots de partidos políticos establecidas por el IFE, por lo que también adelantó que los transmitirá, pero que al mismo tiempo impugnará la resolución del Juez, y recurrirá a todas las instancias legales para obtener la suspensión de la pauta que de acuerdo con la televisora, le fue fijada “de manera unilateral e ilegal” por el órgano electoral.
El boletín de TV Azteca menciona que la resolución representa un “triunfo”.
¿Pues no que ¡Ya basta! con la impunidad, los cochupos y la corrupción?
Con información de Radio 13
Salvador García Soto en su columna Serpientes y escaleras comenta:
Vaya nueva chamba la que consiguió el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Desde el placentero y boscoso campus de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos, Ugalde se da tiempo para terminar su curso sobre Ciencia Política y en sus ratos libres prepara análisis sobre las elecciones primarias de los partidos Demócrata y Republicano para un “jefe” muy importante. Se trata nada menos que del presidente Felipe Calderón, a quien Ugalde le reporta de manera frecuente las incidencias y los análisis de la sucesión estadounidense. Según comentan, Luis Carlos, conocedor del tema electoral, reporta con detalles la carrera por la Casa Blanca directamente a Los Pinos. Además de su nueva chamba, Ugalde se dio tiempo para escribir el libro que presentará en su inminente regreso al país. A ver qué cosas contará el que fuera presidente del maltrecho IFE. ¿Será un libro sin autocensura o sólo hará revelaciones escogidas al estilo de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar?
La crisis que padece el Congreso va mucho más allá de la obstrucción de un grupo minoritario de legisladores a la tribuna o al recinto parlamentario. Sin ninguna duda eso, lo ocurrido, es lamentable, preocupante y muy grave, pero la crisis subyacente lo excede. Su origen no está propiamente en el Congreso, tampoco es exclusiva de sus integrantes, mucho tiene que ver con los partidos y el desenlace de la competencia política en julio de 2006, con su secuela de agravio, rencor, oportunismo y desencuentro.
En la valoración del desempeño del Congreso no puede haber complacencia, porque el proceso democrático ha depositado las decisiones fundamentales del país en quienes lo integran. A mayor poder, mayor responsabilidad. Por esta razón los legisladores, en lo individual y en los grupos parlamentarios que constituyen, no pueden ni deben eludir un elemental ejercicio de autocrítica.
A diferencia de los primeros nueve años desde que el Presidente perdió mayoría parlamentaria, el Congreso ha aprobado reformas muy importantes. Incluso, algunas de ellas con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La reforma del ISSSTE, la fiscal y la electoral atienden temas muy serios y trascendentes para el país; sin embargo, especialmente para los dos últimos casos, los cambios legales acusan insuficiencias e incorporan aspectos contraproducentes al objetivo que inspiró cada una de estas reformas.
Ahora, el Congreso aborda uno de los temas más sensibles de la política. La reforma a Pemex; es urgente y las opciones para darle eficacia y rentabilidad a la paraestatal se han reducido precisamente por los alcances tan estrechos que tuvo la reforma fiscal. Es difícil que Pemex pueda resolver por sí mismo sus necesidades de inversión y modernización sin afectar de manera importante los cuantiosos recursos que se trasladan al gobierno, precisamente, por la vigencia de un régimen recaudatorio ineficiente. La reforma fiscal incrementó marginalmente los ingresos públicos y lo hizo de manera injusta y, eventualmente, de dudosa constitucionalidad como se infiere del hecho de que el IETU es el acto de autoridad que mayor número de impugnaciones ha recibido en la historia del derecho de amparo.
Aun más graves fueron algunas disposiciones aprobadas en la reforma electoral. En unos meses ya se advierte lo que aquí dijimos antes de que hubiera iniciativa: que el sector que domina al Congreso pretendía un IFE a modo, es decir, un órgano electoral débil y sometido. La institución que ha sido columna vertebral de la modernización de las prácticas e instituciones electorales está en su peor momento. No se le fortaleció, se muestra errática y frágil ante los partidos, de la misma forma en la que el Tribunal Electoral ha eludido cumplir con sus responsabilidades de someter a los partidos a la legalidad y democracia interna, al no resolver la diferencia que hay en el PRD bajo el cuestionable argumento de que es un tema de la exclusiva competencia del partido, cuando quien invoca justicia lo hace, precisamente, porque su partido no ha podido resolver internamente la dificultad.
Sin desconocer aspectos muy positivos en los cambios a la Constitución y a la ley electoral, es muy preocupante el desdén generalizado en el Congreso hacia el régimen de libertades. Es evidente que el sector político que ahora decide, prefiere evitar los riesgos del exceso de libertades —dificultad intrínseca a toda democracia—, restringiendo su ejercicio. Una y otra vez, con distintos propósitos y en distintos grupos parlamentarios se muestra este desprecio por el régimen de libertades, sustento de toda democracia.
Lo menos que se puede decir es que los resultados de la actual legislatura son discutibles. Lo importante ahora es cómo recuperar la capacidad decisoria del Congreso, pero en un marco de responsabilidad política y lealtad a los valores y principios de la democracia. La reforma no ha llegado al Poder Legislativo, las reglas sobre el trabajo parlamentario son rígidas y estrechas; además, las condiciones de anonimato del ejercicio legislativo hacen de los diputados y senadores fichas sueltas del juego político. La rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio no existen en el Congreso, por esta razón se ven impotentes cuando un sector decide romper con las reglas elementales del trabajo parlamentario. El déficit de legitimidad anula la credibilidad y fuerza del llamado a la sensatez o la prudencia que hacen los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias.
En los tres principales partidos existe divorcio entre autoridades partidistas y sus coordinadores parlamentarios. La complacencia de quienes dirigen formalmente a los partidos políticos sobre el deterioro del Congreso es la causa principal de la situación. No hay autoridad por encima de los dirigentes de los partidos que no sea el de la opinión pública, que pueda señalarles su desentendimiento con la obstrucción que ha sufrido el Congreso.
Nadie gana con esta crisis; es hora de que los legisladores, sus coordinadores y los dirigentes de los respectivos partidos, entiendan y asuman la responsabilidad que la democracia les ha otorgado colectivamente. Es necesario que el Congreso recupere normalidad para desahogar la agenda legislativa. Es lamentable que los trabajos parlamentarios tengan lugar en recintos alternos. Todavía peor es la autoexclusión del Frente Amplio Progresista, una de las fuerzas políticas fundamentales del espectro ideológico.
La reforma al régimen vigente de los hidrocarburos debe atenderse. La pretensión de eficacia al legislar ha ocurrido restringiendo el debate y la consulta. Es un error que debe enmendarse. El tema ahora en cuestión es una excelente oportunidad para que el Congreso acredite su representatividad y capacidad de respuesta.
Es muy probable que la iniciativa del Ejecutivo tenga modificaciones sustantivas. Lo importante es que el nuevo marco legal corresponda real y efectivamente a las necesidades del país. Así mismo, que a través de un proceso legislativo en el marco de la inclusión, se dé el debate con aprecio a la voz de los muchos legítimamente interesados en el cambio. Una reforma a la satisfacción de todos es imposible, pero esto no debe dar lugar para descalificar a priori los argumentos a partir de la aritmética parlamentaria. La anhelada reconciliación se ha alejado del horizonte. Ahora sólo queda, para quienes tienen la investidura parlamentaria, cumplir con la responsabilidad conferida, legislar, para eso fueron electos.
Para llegar a esto se hizo una reforma electoral, para satanizar con el cuento del ogro del bosque.
Como sociedad merecemos más que tomas de tribunas y spots comparativos con Hitler y anexas.
El 12 de marzo, el Consejo General del IFE aprobó el reglamento en materia de propaganda institucional y político-electoral de los servidores públicos. El ordenamiento ha pasado inadvertido no obstante su importancia. Lo votado por el IFE plantea problemas de legalidad y la pérdida de terreno del órgano electoral respecto a los factores de poder en los partidos.
La deficiente técnica legislativa en las nuevas disposiciones constitucionales y del Cofipe introducen ambigüedad e incertidumbre, en especial en lo referente a la publicidad institucional que realizan autoridades locales. Se entiende que el Consejo del IFE haya pretendido subsanar las deficiencias vía el reglamento, sin embargo, en tal empeño cometió errores que comprometen la legalidad.
En la reforma electoral, la encomiable intención de evitar abuso en materia de publicidad fue sustituida por quienes buscaron mejorar posición ante la futura disputa por la candidatura presidencial; por ello los más poderosos legisladores han sido quienes con mayor insistencia han exigido que el IFE frene la publicidad institucional de autoridades locales. Esta postura también tiene eco en los legisladores aspirantes a las gubernaturas, quienes ven en los presidentes municipales, adversarios a superar. Sin embargo, la deficiencia en la reforma electoral creó una regulación con agujeros a los propósitos confesables e inconfesables del cambio legal.
El Consejo General del IFE no tiene atribuciones legislativas; al IFE no le corresponde definir qué es publicidad institucional, promoción personalizada o propaganda política electoral; esta es tarea del legislador. Un reglamento no es para interpretar la Constitución o para resolver las lagunas en la ley. Es más, en el caso particular de promoción personalizada en los términos del artículo 134 constitucional, ni siquiera el Congreso de la Unión puede legislar respecto a autoridades locales y municipales, excepto para procesos electorales federales. Como ya se ha dicho, corresponde a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF, atender estos temas.
El IFE no puede darse atribuciones a sí mismo por más aceptable o positivo que sea el propósito. La promoción personalizada, como se consigna en la Constitución, no constituye una falta de carácter electoral, sino de desviación de recursos públicos. Puede haber intencionalidad de carácter electoral, pero es hipotética, ya que sólo ocurriría si el funcionario beneficiado decidiera ser candidato, situación prevista y sancionada en la esfera electoral si su conducta fuera constitutiva de actos anticipados de campaña. La promoción personalizada es una infracción de carácter administrativo, por lo mismo, corresponde a las autoridades fiscalizadoras del gasto público, no a las electorales, atender este tipo de asuntos que, para el caso local, se requiere que las legislaturas establezcan los procedimientos, órganos competentes, así como las obligaciones y derechos de los sujetos vinculados con la publicidad institucional.
Recurrir con ligereza al argumento de actos anticipados de campaña —como lo hace el reglamento— para fundar el control de la publicidad, es riesgoso en extremo para la libertad de expresión, ya que afecta por igual a autoridades que a particulares, así como a los medios escritos, no sólo a los electrónicos. Respecto a actos de autoridad restrictivos de la libertad de expresión no puede haber medidas preventivas o cautelares; tampoco autoridades con poder irrestricto o discrecional como lo plantea el reglamento respecto al IFE. En todo caso, el acto anticipado de campaña se sanciona con la pérdida de registro o del derecho a ser postulado candidato. Para la radio y tv hay soluciones particulares, las que no son aplicables a los medios escritos, por razones vinculadas a la libertad de expresión, tesis que no atiende el ordenamiento aprobado por el IFE.
En el afán de lograr equidad o de emparejar la competencia por las candidaturas, según se crea, la reforma electoral riñe con el régimen de las libertades individuales, mientras que las dirigencias fácticas o formales de los partidos fueron beneficiadas por el nuevo régimen legal. Al IFE se le dieron dientes para controlar a los medios y para reducir el espacio de la libertad de expresión en la radio y tv. De la misma manera que se intentó habilitarlo (en falso por la deficiente legislación) para amordazar a las autoridades locales.
En contraste, al IFE, desafortunadamente, no se le dieron atribuciones para atraer a los partidos a la legalidad y a la democracia; los derechos políticos de los miembros de los partidos no fueron protegidos, al contrario, se disminuyeron, bajo el argumento de que las autoridades no deben intervenir en los asuntos internos de los partidos. Al IFE no se le dieron atribuciones para presentar controversias constitucionales y así defenderse de la intromisión de la Cámara de Diputados, como ya ocurrió cuando ésta invadió la esfera de competencia del IFE, al aprobar el presupuesto de 2007 con criterios generosos para los partidos.
Para algunos el desempeño del actual Consejo del IFE traiciona a la reforma electoral. Más bien, el reglamento y el desempeño del consejo convalidan la crítica a la reforma. Ahora el Consejo se muestra vacilante y temeroso de los partidos. El reglamento lo lleva al enfrentamiento al pretender controlar al margen de la ley a los gobernadores y presidentes municipales, situación que contrasta con la determinación de no investigar y no sancionar a los partidos por los spots irregulares o no reportados de la campaña de 2006. Para los partidos, borrón y cuenta nueva; para los medios y autoridades locales, intimidación y amordazamiento a través de un reglamento de dudosa legalidad.
Es un error creer que la política es sólo para los políticos. En esta perspectiva la sociedad, los ciudadanos y los medios de comunicación son tratados como intrusos. El IFE debe servir para que la sociedad participe y enriquezca a la política. Más allá de sus limitaciones e insuficiencia, los medios escritos y electrónicos son, por excelencia, el espacio natural de la democracia, precisamente porque hacen realidad a la libertad de expresión, derecho que a todos compete, no sólo a los políticos.
Martha Meza / Diario de Xalapa
Xalapa, Veracruz.- El presidente consejero del Instituto Federal Electoral Leonardo Valdés Zurita admitió que el IFE está en crisis, enfermo, pero no de cáncer, confía en rescatarlo y devolverle el lugar que tuvo hasta antes de la elección presidencial de 2006, ser una de las instituciones públicas de más credibilidad en el país, aunque su meta a corto plazo es lograr que sea un organismo electoral imparcial.
En entrevista exclusiva para Diario de Xalapa Leonardo Valdés Zurita da cuenta de los pasos que seguirá el IFE, se congratuló de asumir la presidencia del Consejo General del IFE con nuevas reglas, basadas en la reforma electoral, pero sobre todo se mostró dispuesto a poner en práctica el nuevo modelo de comunicación política, que tiene como propósito sacar del escenario campañas sucias, de diatriba y denostación para emprender las de propuestas y de proyectos para resolver los problemas del país.
El nuevo presidente del Consejo General del IFE estuvo en Xalapa los pasados días 13 y 14, para reunirse con consejeros electorales de los estados y con la estructura operativa de la junta local del IFE. Las sesiones de trabajo que presidió Valdés Zurita las centró en dar a conocer las obligaciones, propósitos, retos y metas del Instituto Federal Electoral y despejar dudas sobre la reforma electoral.
A los presidentes de los organismos electorales locales que asistieron a su XXX Reunión Nacional, les dio la buena noticia de que el IFE el próximo mes les devolverá parte de los recursos que aportaron para las campañas de afiliación, inscripción y actualización del padrón electoral que realizaron en 2007, en particular en las entidades donde hubo elecciones. Esto para Valdés Zurita es el inicio del camino para que los comicios en México no sean tan caros.
Del reparto equitativo que se hará, a Veracruz le corresponderán 500 mil pesos.
De la reciente reforma electoral, Valdés Zurita sostiene que uno de los cambios más relevantes que influirá positivamente en el sistema electoral mexicano es la decisión del legislador de imponer un nuevo modelo de comunicación política basado en dos principios: el primero: que nadie, ni los partidos políticos, pueden comprar tiempo en radio y televisión para hacer campañas electorales, y el segundo: que los partidos políticos tendrán acceso a la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales.
En acato a la ley, hasta octubre de este año será el 12 por ciento del tiempo oficial en época no electoral, que es un poco menos de seis minutos al día en cada canal de televisión y en cada estación de radio, que se incrementa en la época de precampañas y de campaña a 48 minutos al día de presencia de los candidatos en los medios de comunicación electrónicos.
A partir de este año por disposición constitucional, el IFE es la autoridad responsable de administrar los tiempos oficiales en medios electrónicos en todos los procesos electorales (tanto federales como locales) que se realicen en el país.
La recuperacion del IFE
Valdés Zurita recordó que el IFE nació después de la elección presidencial de 1988 (en la que participaron Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, ganó el primero), elección que a su juicio provocó una crisis política, porque una gran cantidad de mexicanos sostuvo que hubo fraude electoral.
Casi 20 años después y pese a que el IFE logró captar la confianza ciudadana y ha tenido la capacidad técnica, operativa, profesional y logística para demostrar que los ciudadanos pueden votar en libertad y que su voto es respetado, Valdés Zurita admite que el instituto está en crisis.
Parte fundamental de la propuesta que presentó a los diputados para llegar al IFE, fue el diagnóstico de lo que está pasando en el instituto, Valdés dijo a los legisladores que el IFE tenía una situación de pérdida de su credibilidad, y propuso, para recuperarla, que el instituto debe ser imparcial.
Ante los diputados se ofertó como el señor de la imparcialidad, y con esa actitud asume la presidencia del Consejo General del IFE, que desde su óptica pasa por una situación crítica, está enfermo, pero no de cáncer.
La situación crítica que tiene el instituto, añade, se derivó de la incapacidad que enfrentó para ser un árbitro eficiente en una contienda electoral muy álgida como fue la de 2006.
Considera que en el desarrollo de la elección presidencial de 2006 falló una parte de la institución, que no logró intervenir con energía y con eficacia para arbitrar, aunque en abono al IFE, expuso que el reglamento no ayudaba demasiado, porque “ni la ley ni la autoridad electoral sabían qué hacer para intervenir cuando los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, se convierten en un actor activo de una campaña electoral tan importante, con tanta penetración y con tanta capacidad para influir en la decisión de los ciudadanos, no sabían cómo detener las campañas sucias”.
Se necesita la confianza de la ciudadanía, dice, para tener elecciones que permitan consolidar nuestra democracia, “lo he dicho y ahora lo voy a repetir, mi aspiración es que las elecciones en México no sean un problema, nunca más, que las elecciones en México sean el campo en el que se discute cómo vamos a resolver nuestros problemas los mexicanos”.
La mayoría del Consejo General del IFE ha tenido la precaución de no lanzarse a la excitativa de senadores para demandar a los mandatarios estatales, alcaldes y otros legisladores que suspendan lo que a ellos les parece ser una violación del nuevo párrafo del artículo 134 que prohíbe la promoción personalizada. El acierto de los consejeros ciudadanos radica en detenerse para hacer un examen legal acucioso y así cuidar los términos de su actuación y evitar convertirse en los operadores de aquellos legisladores a quienes preocupa, por razones meramente de competencia política, la publicidad institucional de mandatarios locales.
La excitativa de intervención del IFE muestra que la redacción del nuevo artículo constitucional obedeció más a una disputa política anticipada que a cualquier otra consideración; se advierte que la preocupación de fondo no es el uso de los recursos públicos, sino la notoriedad o visibilidad que adquieren supuestos competidores potenciales al recurrir a los medios de comunicación en la difusión de las tareas de desempeño. Echar a andar al IFE dio resultado con una minoría del consejo, incluso se llegó a decir que sancionarían a los secretarios de finanzas de los gobiernos locales por la contratación de tiempos en radio y tv, así como gasto publicitario. Ahora, para bien del IFE, tendrá que prevalecer la opinión de los abogados.
¿Tiene atribuciones el IFE para regular la publicidad de funcionarios estatales, municipales o legisladores? No, al menos no la tiene fuera del periodo electoral, salvo que se trate de actos anticipados de campaña, pero para ello hay otro tipo de sanción y procedimiento; la promoción personalizada no implica, necesariamente, un objetivo electoral. Aquí lo hemos dicho, el artículo 134 como está redactado, no se enmarca en un sentido electoral o de equidad en la disputa por las candidaturas, aunque ese haya sido el auténtico propósito de quienes promovieron la modificación constitucional.
El artículo 134 requiere de una legislación secundaria para determinar qué significa promoción personalizada, quiénes son autoridades competentes para cumplir lo legalmente establecido y cuál es el procedimiento de investigación y sanciones aplicables; de hecho, el Cofipe algo ha anticipado y ha señalado que la publicidad asociada a los informes, durante un periodo determinado y en una demarcación propia del informante, no representan propaganda. Una excepción muy estrecha, ya que los mensajes del Presidente de la República propios de su investidura, ejemplo, salutación de Año Nuevo, bien podrían calificarse de violatorios de la ley y la Constitución. Las autoridades deben tener un espectro de libertad de expresión para así cumplir sus responsabilidades, ese debe ser el sentido que el legislador debe dar al momento de reglamentar lo dispuesto por el artículo 134. Sería inaudito y no tendría precedente en país alguno, el que las autoridades estuvieran amordazadas por razones de disputa política al interior de los partidos.
La cuestión es que el Congreso federal no tiene atribuciones para legislar en materia de publicidad de funcionarios estatales, municipales y legisladores locales, aunque sí para efectos de procesos electorales federales. Además, el artículo tiene elementales agujeros, por ejemplo, un funcionario puede realizar promoción personalizada siempre y cuando no se haga con cargo al erario, esto es, si la publicidad la costea un partido, un particular o una persona moral no hay infracción alguna; incluso, tal como está redactado es disputable que la prohibición aplique a los legisladores. Tampoco se puede sancionar la publicidad que hagan particulares en actos de promoción personalizada, generando condiciones de inequidad al momento de la competencia por las candidaturas. Una mejor redacción de la disposición constitucional hubiera significado mayor certeza jurídica y claridad sobre sus alcances.
En las pretensiones políticas de quienes promovieron la reforma al artículo, dieron por sentado una perspectiva centralista que ahora los delata; el Congreso federal no tiene atribuciones para legislar en materia de publicidad local, tampoco el IFE para normar los promocionales o publicidad que realicen autoridades locales fuera del periodo de campañas. La misma reforma constitucional remitió a las legislaturas de los estados proceder a la adecuación de sus leyes en el término de un año a partir de la promulgación de la reforma constitucional; incluso estados con comicios locales en dicho periodo, como Hidalgo, Guerrero o Estado de México, pueden legislar pasado su proceso electoral.
Los congresos de los estados finalmente tendrán que iniciar procesos de reforma para dar contenido al artículo 134. Es recomendable que al hacerlo, los legisladores locales, eviten la tentación de hacer nugatorio su contenido, pero también, entender que los gobernadores y los alcaldes requieren de un razonable margen de libertad para la comunicación con sus gobernados.
Ejemplo ilustrativo de los supuestos que deben estar presentes al momento de legislar el artículo 134, ocurrió en Tabasco, en ocasión de las graves inundaciones en noviembre del año pasado. La situación pudo desbordarse y volverse inmanejable. La presencia del gobernador Granier en la radio, la prensa y la televisión fue crucial para la conducción del problema. A más de 100 días de la tragedia y todavía con la secuela de afectación, los habitantes de Tabasco pueden apreciar con legítimo orgullo la civilidad con la que enfrentaron la adversidad extrema. Sin embargo, hoy día, en su condición de líder político de la entidad, el gobernador, en una interpretación que estimo excesiva de la norma, y para evitar señalamientos interesados de sus adversarios, no tiene manera de hacer llegar un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a los millones de mexicanos que solidariamente contribuyeron a aliviar la situación.
La inhibición a la promoción personalizada puede tornarse en camisa de fuerza que limite las tareas propias de quien gobierna. La mala redacción del artículo y su inadecuada interpretación podría llevar al extremo de la mordaza o a hacer nulo su propósito a través del litigio –riesgo que entraña que el juez se vuelva legislador–; lo más sensato es que el Congreso federal, la Asamblea del DF y las legislaturas de los estados procedan, en el ámbito de sus atribuciones, a dar claridad al artículo reformado.
Después de una década de cuasi parálisis legislativa, en este año el Congreso ha dado impulso a cambios significativos en diversas materias, especialmente, en lo electoral. Es la primera ocasión en la que se presenta un Congreso activo y productivo en una situación de gobierno dividido, es decir, cuando el Presidente no tiene mayoría parlamentaria.
Sin embargo, un Congreso productivo presupone una sociedad y un gobierno igualmente activos. Los peligros del silencio se asocian a la incapacidad para generar los contrapesos necesarios para que la actividad legislativa tenga apego al interés nacional, con base en la perspectiva de las necesidades del país que parte desde el gobierno, así como la expresión de la sociedad en su diversidad. El quehacer legislativo no debe darse en el vacío; sociedad y gobierno tienen su parte. De la misma manera que el debate debe extenderse al país y éste, inevitablemente tendría que darse a través de los medios.
Ante el protagonismo del Congreso el silencio es un error, como también lo es descalificar a la crítica bajo el argumento de que los así llamados poderes fácticos no deben participar. Los poderes establecidos requieren para su buen desempeño una sociedad participante y con organizaciones activas, incluyendo las de corte gremial y privado.
Que los legisladores actúen no es suficiente; es imprescindible que lo hagan en función del interés nacional. No hay manera de resolver esta exigencia si no es en el marco de una intensa, efectiva y amplia participación social. La secuela de las elecciones de 2006 ha dominado el espectro de la política hasta hoy, particularmente en la reforma legal. En el proceso se entreveran los viejos resentimientos de los sectores políticos identificados con los usos del régimen no democrático (lastimados por un marco democrático avalado por ellos, pero en sus resultados, repudiado también por ellos mismos) y el agravio de quienes no se sintieron satisfechos con los comicios de 2006. Sin embargo, es importante recordar que las exigencias del cambio no son exclusivas del sector político.
Es fácil y ventajoso trasladar la responsabilidad del deterioro electoral a los medios, al IFE o a los llamados poderes fácticos. Debiera haber un mayor sentido de autocrítica que ratificara una voluntad de lealtad a la institucionalidad democrática. Esta actitud habría llevado a una reforma electoral en la que los partidos modificaran su vida interna y efectivamente rindieran cuentas a los órganos de autoridad y a sus miembros. Los tres grandes partidos han preferido mantenerse al margen de lo que debió haber sido el propósito de la reforma reciente: eliminar las fichas libres en la contienda por el voto.
El camino adelante no se puede transitar con la reedición del pasado. Hoy las fuerzas parlamentarias de los tres grandes partidos coinciden y esto ha conducido a sorpresivos acuerdos. PAN, PRI y PRD unifican posiciones en el proceso de reforma. Sin embargo, especialmente en lo electoral, no parece haber claridad sobre cuál es el interés superior a proteger; en lo que sí hay definición, es en las bajas de la batalla. Los perdedores son el IFE, los medios de comunicación, los partidos pequeños y, con ellos tres, la sociedad toda.
La reforma ha privilegiado el control político del órgano electoral por parte de una Cámara distante de la sociedad que dice representar. Esto, a su vez, plantea graves pérdidas que no se pueden soslayar: el IFE era el elemento fundamental de la transición mexicana, nada hubiese funcionado sin su credibilidad; hoy se perfila a ser el elemento más débil del proceso electoral. Los legisladores argumentan lo contrario, sin embargo, los hechos están a la vista y la incapacidad para cumplir el transitorio constitucional conlleva un vicio de origen. La responsabilidad, ahora más que nunca, se ha vuelto rehén de la intransigencia.
La libertad de expresión sufre una merma cuando particulares no pueden utilizar en tiempos de campañas los medios de comunicación concesionados por el Estado. La libertad de los partidos y candidatos ha quedado acotada al no poder emplear expresiones de campaña diferenciadora, recurso ordinario y común a todas las contiendas electorales.
En la nueva legislación, la libertad de asociación sufre un doble golpe: por una parte, la formación de partidos continúa siendo un proceso burocrático, difícil, y ahora, a resolver cada seis años. Se confunde el derecho a recibir prerrogativas o acceder a la representación popular, con la libertad de asociación, en la que una de sus expresiones es la de agruparse en partido político. Por otra parte, hay una merma en el derecho de los militantes para participar en la organización al restringir el acceso a la justicia electoral para reivindicar el derecho a ser votado y se frena la intervención de la autoridad electoral para asegurar regulaciones democráticas.
El texto de la reforma electoral ve a los medios como intrusos en el juego electoral y la autonomía de la autoridad electoral como amenaza, como si la tarea política fuese exclusiva de los políticos profesionales, y sin advertir que hay importantes espacios de libertad en los periodistas de la radio y tv. Inquieta, en especial, la merma de la libertad de expresión y la actitud de asumir a quienes se oponen como una mascarada de los intereses de las empresas. El efecto deseado por el sector político es el del silencio. Sorprende que ninguno de los partidos históricos haya entendido las implicaciones de ello.
Finalmente, el federalismo también sufre un retroceso importante. Será este IFE (controlado desde la Cámara), y las dirigencias nacionales, quienes determinen y negocien términos para el empleo de publicidad en radio y tv en comicios locales. En este aspecto (que debiera ser de la exclusiva competencia local), los órganos estatales de los partidos y las autoridades electorales locales han quedado marginados.
La necesidad de reforma era y es incuestionable. A los poderes establecidos y sólo a éstos les corresponde dar curso al cambio. Sin embargo, es inadmisible el intento de marginar a la sociedad. Todavía más preocupante es que quienes tienen a cargo la dirección política de los legisladores lo asuman como un problema a resolver a través de la sorpresa, la exclusión y el silencio. Podría ser que el edificio de la democracia esté quedando expuesto y en peligro a partir de la fragilidad de sus pilares. La democracia es como un todo.
Publicado originalmente en Milenio Diario aqui. Con autorización del autor
Pero se acordaron que todavía les hacia falta hacer las compritas navideñas y se echaron para atrás.
Los ocho consejeros del IFE no lograron ponerse de acuerdo para designar al sucesor de Luis Carlos.
Fue a las 9 de la tarde del sábado que Rodrigo Manzanarez realizó el anuncio, no hay humo blanco en periferico y viaducto tlalpan.
Arturo Sánchez propuso que los ocho miembros del Consejo General fueran Consejeros Presidentes internos. Total cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.
Andrés Albo, dijo que además de nombrar al sucesor interino de Luis Carlos habían otros temas de importancia a tratar.
Habrá una nueva sesión este domingo a las 11 de la mañana, no aclararon si sería con caracter de urgente como la de ayer, pero se espera sí designen al sucesor interino de Luis Carlos, que presidirá el instituto mientras en la Cámara de Diputados logran ponerse de acuerdo.
Como pueden ver amables lectores en el IFE también están divididos. Y ése es el IFE que entrega Luis Carlos cuyo problema de origen viene de octubre de 2003, con su cuestionable designación.
Colaboración de Leo Agusto
La Cámara de Diputados no pudo cumplir con el mandato que avaló antes en la reforma constitucional electoral, cuyo artículo transitorio Cuarto determinaba que la renovación parcial del Consejo debería tener lugar en un término no mayor a 30 días a partir del inicio de vigencia de la reforma. Resulta paradójico que el Constituyente Permanente haya aprobado la reforma constitucional con relativa facilidad y expresiones amplias de consenso; que el Congreso haya expedido prácticamente un nuevo Cofipe en el curso de menos de dos meses, con el voto mayoritario de PRI, PAN y un PRD dividido, y que por otro lado, la Cámara no haya podido procesar el nombramiento de tres consejeros, decisión, por mucho, más sencilla y crucial para la conclusión del proceso de reforma.
El procedimiento para la selección de consejeros se acredita por sus resultados. No es para festinar el mal paso, tampoco para ignorarlo. Lo acontecido es una radiografía de las dificultades e insuficiencias de la vida parlamentaria y de la política de estos tiempos. Se abrió la puerta para que cualquier interesado pudiera acceder a la responsabilidad de consejero. Un grupo cuantioso de ciudadanos de buena fe decidieron participar, la mayoría de estos, con credenciales de excelencia para el cargo; no sólo vieron pasar la oportunidad, también padecieron el desdén por la exclusión sin fundamento y, en algunos casos, hasta el escarnio y el insulto se hicieron presentes por el anfitrión.
Lo ocurrido hace pensar que el consenso extraordinario para la reforma legal ocurrió por el deseo compartido de las fuerzas políticas para reducir la presencia comercial y editorial de la radio y tv, así como para eliminar la presión de los partidos pequeños al momento de formar coaliciones. El acuerdo se hizo fácil cuando se trató de ajustar a otros, no al momento de las determinaciones positivas.
Esto explica que la remoción del consejo anterior no representara dificultad alguna; el acuerdo se hace presente cuando se trata de enfrentar, combatir o disminuir a un real o imaginario adversario común de quienes detentan la posición de influencia en el Congreso, los de enfrente son los medios, los partidos pequeños o los mismos militantes que van a la justicia electoral para defender su derecho a ser votado.
En el proceso de valoración de propuestas, prevalecieron los vetos y las inexplicables e infundadas exclusiones, así como el doble lenguaje: una cara hacia el público y otra en la reducida mesa de negociación. La intransigencia condujo a la posposición de la selección y con ello el incumplimiento de la reforma aprobada por los mismos diputados semanas antes.
Trivializar el tema invocando legalidad de la posposición agravia a la sociedad que los diputados dicen representar. Los argumentos empleados son insostenibles, como el de que a lo imposible nadie está obligado. Si así fuera el caso, no habría Presupuesto, ni Ley de Ingresos, tampoco instalación del Congreso. No es aceptable que los diputados consideren como imposibilidad lo que ellos mismos signaron. Los legisladores incumplieron con el mandato constitucional y la responsabilidad recae en las tres principales fuerzas políticas, las que, de manera sorpresiva, supieron caminar juntos en el proceso legislativo.
El nuevo Cofipe contiene cambios profundos que deben concretarse a la brevedad; en realidad el IFE pasa a ser Instituto Nacional Electoral, con efectos centralizadores, especialmente en la asignación de publicidad en radio y tv. Las funciones de fiscalización se han tornado más complejas y especializadas y se ha establecido una separación clara entre las tareas de gobierno a cargo del consejo, respecto a la de administración y operación a la responsabilidad de los órganos ejecutivos.
Con estos cambios es inexplicable que los tres nuevos consejeros, incluyendo a quien será el presidente no se conozcan en el momento en el que debe tomar curso el proceso de renovación institucional. La incertidumbre pesará sobre los consejeros designados en 2004. La única base defendible para la renovación del consejo y el reemplazo de su presidente, es que el relevo era necesario para el cambio en la institución, como sucedió en otras ocasiones. La posposición deja al descubierto que la exigencia de los relevos en el órgano electoral fue producto del agravio de algunos, la mezquindad de los de en medio y la indolencia de otros; no se percibe interés para el perfeccionamiento de las instituciones electorales.
El IFE, uno de los mayores logros del proceso democrático, resultó el eslabón débil de la polarización política propiciada por partidos y autoridades gubernamentales durante las elecciones federales pasadas. En estricto rigor jurídico, el presidente del consejo no renunció, tuvo que separarse del cargo porque quienes mandan en el Legislativo, resolvieron aplicar retroactivamente la Constitución en perjuicio de los integrantes del consejo y, por ende, de la autonomía de la institución. A los demás integrantes, el peso de la humillación inicial, cuando se concedió por el PAN la remoción, era razón suficiente para dejar la responsabilidad. La renuncia era la respuesta digna a un trato injusto e indebido.
Los diputados han llevado a la peor de sus crisis al IFE. Es tiempo de que las autoridades y los líderes políticos nacionales acuerden los términos para enmendar el curso, esto es, la sesión extraordinaria de la Cámara para resolver la crisis y cumplir a la brevedad lo dispuesto en la Constitución; sin embargo, da la impresión de que se ha pensado de manera distinta. Lo acontecido no es un accidente, es la secuela de un deterioro constante de las instituciones de la República.
Los acuerdos de consenso son el ideal. Lo deseable es que el consejo sea designado con el aval de las tres principales fuerzas políticas. Sin embargo, el consenso implica responsabilidad y sentido de lealtad institucional, de otra suerte se vivirá la dictadura de las minorías intransigentes. La única salida a la situación la representa un acuerdo de mayoría, pero también en este caso se requiere de un compromiso con la pluralidad, para evitar arrollar a las minorías.
La dificultad de los diputados para cumplir con el mandato constitucional no sólo plantea un problema de legalidad, también de moral pública y de elemental sentido de responsabilidad. La clausura del periodo sin haber concluido el compromiso constitucional de renovar el consejo del IFE es una derrota de la política, un lamentable episodio que revela la degradación a la que se ha llevado a la representación popular.
Colaboración de Liébano Sáenz, publicada en Milenio Diario, reproducida con autorización del autor.
Ante la falta de acuerdos la Cámara de Diputados pospusó hasta febrero de 2008 el relevo de los consejeros del IFE.
Más tarde aportaremos mayor información, los hornos están calientes acá en el Congreso de la Unión y no precisamente por que alguien esté cocinando pavos para navidad.
Ahora sólo falta que Ugalde ponga fin a esta telenovela de fin de año, en una de ésas nos revela quién es su verdadero padre.
Colaboración de Leo Agusto
Como pocas veces hoy es evidente la distancia entre democracia y proyecto liberal. El desenlace de los comicios federales parece haber generado una inercia contraria al fortalecimiento de las libertades. La reforma electoral ha dado lugar a un ataque sin precedente al régimen de libertades, a la vez de que se deteriora uno de los logros más importantes y trascendentes del proceso democrático: la autonomía del órgano electoral. leer más
Así inicia su comentario político que publica cada sábado en el periódico Milenio el reconocido abogado mexicano Liébano Sáenz. Pueden consultar el texto completo en la siguiente: dirección electrónica
Colaboración de Leo Agusto
N. en Tuxpan, Mich. (5 de mayo de 1940). Ingeniero mecánico electricista por la UANL (1961-66), de la que fue profesor; además, profesor e investigador del CESU y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, director editorial de las UAS y director fundador de la revista Buelna (1979-81), Director General de la editorial Fabrica de Letras (1999-).
Militante (1963) y dirigente (1965-73) de la Juventud Comunista de México; fundador, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario General de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED). Estuvo preso por motivos políticos, por su participación en el movimiento estudiantil en el penal de Lecumberri (1968-71). Fue miembro del comité central del PCM (1972-78), del que se retiró. Cofundador y Secretario General de Unidad Democrática. Fue el primero desde la izquierda en proponer en 1987, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Es uno de los 10 dirigentes estudiantiles del 68 que denunciaron los crímenes cometidos por el gobierno. Actualmente investiga en el Archivo General de la Nación los papeles de la Dirección Federal de Seguridad, como agraviado por el Estado mexicano.
(1984-2002). Asesor, presidente del Consejo de Administración y representante de la Cooperativa de Producción Agropecuaria La Pintada SCL, de la selva cafetalera de Guerrero, presidente del FOGAPINTADA y alcalde de Tuxpan, Michoacán (1990-91). Ha colaborado en periódicos españoles y en Excélsior (1976-82), El Universal (1983), Unomásuno (1984-1991) y El Nacional; en El Porvenir de Monterrey, El Sol y Novedades, El Diario 17 y en El Sur de Acapulco.
En el Canal 11 de TV condujo los programas Política (1981-82) y Nuestra Banca (1982). Director de la revista Dí (1980-83). Autor de Ser y función social del estudiante (1970), No queremos apertura, queremos revolución (1973), La juventud mexicana al socialismo (1973), El tema de amnistía (1978), El sistema electoral mexicano (1979), Punto y seguido. Crisis en el PCM (1979), El secuestro de Lucio Cabañas (1986), La flor del tiempo. A 20 años del 68 (1988), El Partido de la Revolución Democrática. ¿Anunciación o retorno? (1988), El sabor y el color español de la democracia (1989), Solidaridad con el sol en la cara (1990). Creador del concepto de la edición mexicana de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Fábrica de Letras, edición galardonada con el VI Premio Internacional al mejor libro Infantil y Juvenil Ilustrado, Conaculta 2001; Director general de la revista Sentimientos del Sur, promotor del Encuentro Estatal: La cultura en Guerrero (2001).
Trabajador agrícola infantil en la siembra, pizca y desgrane de maíz, chinchilla, bulbos y gladiola. Autor de las tesis de la revolución productiva en el mundo del café, presentadas y en su mayoría acogidas en el Encuentro Nacional Cafetalero de Boca del Río Veracruz, octubre de 2001, director del Ecodesarrollo La Casa de la Flor del Café, 76 Hectáreas, 450,000 cafetos producidos, sembrados, cultivados y en parición bajo el sistema de sombra natural rústica; participante activo en la resistencia exitosa a la instalación del reactor nuclear en el Lago de Pátzcuaro, director del proyecto de conservación del Cerro de la Campana en Tuxpan Michoacán; fundador, asesor, presidente del Consejo de Administración, representante de la Pintada SCL, miembro de derecho del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del estado de Guerrero, consejero titular del sector social al CCDS región sur-sureste y representante titular por Guerrero al Consejo Nacional y de la región Sur-Sureste al Grupo Operativo Nacional.
Información tomada de su página personal
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Las posturas del PAN y el PRD fueron claras en cuanto a la posibilidad de que Jorge Alcocer se convierta en el próximo consejero presidente del IFE, ya que lo ven como un personaje cercano al PRI del Senador Beltrones.
Sin embargo, cabe la posibilidad de verlo simplemente como consejero electoral en la nueva configuración del IFE
Si no quieren ayuda, díganlo: Marcelo Ebrard
El jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard fue claro: Si no quieren nuestra ayuda en Tabasco nos retiramos, luego de que el pasado martes integrantes del gobierno federal no permitiron la entrada a la zona de desastre a un contingente del gobierno del Distrito Federal cargado de ayuda humanitaria.
Ordena la Secretaría de Gobernación retirar del aire “spots” de Tabasco con la imagen de Felipe Calderón antes de 72 horas
Debido a la entrada en vigor de las reformas en materia electoral, que prohibe el uso de la imagen de los titulares del ejecutivo en los tres niveles de gobierno, las televisoras tendrán que retirar los spots donde aparece el Presidente Calderón y en específico los referentes a la tragedia de Tabasco.
Lo anterior fue dado a conocer en una reunión donde participó el grupo plural del Senado que analiza reformas a la Ley de Radio y Televisión, el subsecretario de Normatividad y Medios de la SG, Juan María Naveja, informó que este día se giraron oficios a los medios para retirar lo más pronto posible la publicidad oficial que contenga la imagen del presidente.
Presenta denuncia AMLO contra los responsables de la inundación en Tabasco
Denuncia Andrés Manuel López Obrador ante el Ministerio Público de la Federación al gobierno federal por considerarlo responsable de la tragedia.
Residencias de los personajes VIP de Tabasco intactas
Las residencias de distintos personajes políticos de Tabasco no sufrieron daños por las inundaciones, entre ellos la residencia de Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade, Andrés Manuel López Obrador así como la residencia del Senador del PRD y ex priísta Arturo Nuñez que ha sido habilitada como bodega para almacenar ayuda proveniente principalmente del Distrito Federal.
Y por último está foto encontrada en el mar de blogs donde al estilo Dalí el gobernador Granier intenta mandar el mensaje; “la desgracia soy yo”.
Colaboración de Jorge Montanaro
El Doctor José Narro Robles, que sigue siendo el aspirante mas sólido para llegar a la rectoría de la UNAM, recibirá esta semana un apoyo masivo, que se considera definitivo en la carrera por la rectoría, tanto de miembros de la Junta de Gobierno, como de directores de escuelas, institutos, intelectuales y ex rectores como una demostración de la comunidad univeritaria de llegar a la decisión en un clima de unidad y fortalezca que favorezca el futuro de la Institución.
Por su parte el rector Juan Ramón de la Fuente fortaleció la transparencia y el caracter democrático del proceso en la oportunidad que tuvo de entrevistarse con el presidente Felipe Calderón, misma en la que el rector expresó la naturaleza indiscutida de autonomía de la Universidad mas importante de México y calificada como una de las 100 mejores del mundo, después de los logros académicos y de presencia pública en los asuntos claves dela vida mexicana que se obtuvieron durante el rectorado de de la Fuente.
La respuesta del mandatario Felipe Calderón fue en el sentido de que su gobierno se mantendrá completamente al márgen del proceso de selección del nuevo rector de la UNAM.
A pesar de que continua el activismo exitoso e inteligente de personajes como Fernando Serrano Migallón, dierctor de la facultad de Derecho (a quien por cierto ya se le menciona con mucha fuerza como un posible nuevo presidente del IFE) o las declaraciones y solidaridades hechas y recibidads por Rosaura Ruíz y Fernando Pérez Correa, los analistas consideran un hecho muy improbable que José Narro Robles no se convierta en el próximo rector de la UNAM.
El director de la facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, en la presentación de su mas reciente linbro, a pregunta expresa de los periodistas, aceptó que le interesaría formar parte del nuevo IFE para aportar sus conocimientos al proceso de democratización nacional que vive México.
Serrano Migallón fue acompañado en la presentación de su libro, por el ex presidente del IFE, José Woldemberg, quien realizó comentarios de la nueva obra del jurista. Woldembergforma parte de una corriente reformadora de los procesos electorales en México que goza de gran respetabilidad entre diversos e importantes sectores de la sociedad.
Por voz del coordinador de la bancada priísta en la cámara de diputados, Emilio Gamboa Patrón, la Junta de Coordinación Política de esa legislatura, fijó en un documento los criterios de selección de aspirantes a ocupar los puestos que dejarán vacantes en fecha próxima tres consejeros del IFE, incluyendo en ellos a su presidente Luis Carlos Ugalde.
Gamboa aseguró que los aspirantes deberán presentar su candidatura de manera individual, para no comprometer el respaldo de organizaciones ni partidos que podrían convertirse en furzas de presión para el proceso.
Además dijo que los senadores no tendrán intervención en la designación de los nuevos consejeros.
Por su parte el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, aseguró que a mas tardar en el mes de noviembre ya se habrán realizado las sustituciones previstas por la Reforma electoral recién aprobada.
El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y uno de los mas mencionados entre los candidatos a la rectoría de esa institución, presentará hoy un libro que será comentado, entre otros importantes personajes, por el ex presidente del IFE, José Woldemberg.
La presencia de Woldemberg en la presentación del Libro de Serrano Migallón, es interpretada por los analistas del comportamiento y evolución de las instituciones electorales de México, como una vinculación muy fuerte del catedrático de la UNAM con una de las corrientes de mas peso en ese ámbito.
Las versiones al respecto son de alta intensidad política toda vez que es inminente el relevo de tres miembros del Consejo del IFE, entre ellos su actual presidente, Luis Carlos Ugalde, cargo para el que se ha mencionado insistentemente al Dr. Fernando Serrano Migallón.
Los refritos de nombres que se han mencionado como los mas “probables” sucesores de Luis Carlos Ugalde en el cargo de presidente consejero del IFE, han servido para ocultar a los prospectos que llenan el perfil de apartidistas y con conocimientos jurídicos suficientes para desempeñar esa delicada tarea.
Jorge Alcocer, el delfín de Beltrones sigue vivo. María Amparo Casar, ex-amiga de Santiago Creel, ya se descartó. Los ex consejores Jaime Cárdenas y Jesús Cantú están más quemados que las manos de aquellos que dijeron que las metían al fuego por la honorabilidad de Vicente Fox.
Fernando Gómez Mont tiene un color panista de azul subido. José Antonio Crespo está mas vinculado a la visión de la política desde la acedemia que desde la operación.
Los que están en posición de tiradores que no han sido “golpeados” en esta disputa son el director de la Facultad de Derecho de la UNAM (gran amigo de Juan Ramón de la Fuente) Fernando Serrano Migallón. Los especialistas se inclinan por un abogado para desempeñar el cargo de consejero presidente del IFE . Y allí surge, además de Serrano Migallón, un par de nombres muy interesantes como Diego Valadéz que por vía de sus amigos es aliado de Andrés Manuel López Obrador; y el Dr. Sergio García Ramírez, hombre de una reputación académica y como funcionario considerada de primer nivel.
Y si lo que se quiere es una figura de gran peso moral y aceptación entre la sociedad, están el ex rector Pablo González Casanova y el maestro Alberto Aziz, que tiene el pero de su gran afinidad con el PRD.
Entre los magistrados del TRIFE prevalece el criterio de que no hay sustancia en el alegato del zar del juego, Jorge Hank Rhon, para impugnar las elecciones en la fue derrotado por el panista Osuna.
Después de revisar la documentación respectiva al caso de la elección para gobernador de Baja California, en los medios cercanos al TRIFE se da por hecho que no habrá sorpresa en la decisión y que el PAN será declarado ganados de los comicios celebrados el mes pasado.
En un foro convocado por la empresa editorial El Universal, los especialistas en materia electoral, José Woldemberg, Rodrigo Morales, Jorge Alcocer, Mauricio Merino y Lorenzo Córdova, coincidieron en que la Reforma Electoral que está a unas semanas de ser aprobada, era necesaria. Pero aseguraron que ahora el reto es la transparecia en los cambios en el IFE y todo su nuevo esuqema de funcionamiento.
Había en un principio versiones d que PRI, PAN y PRD ya se habían repartido las carteras principales que quedarán vacantes al renunciar el consejero presidente Luis Carlos Ugalde.
Se mencionaba con insistencia que el transitorio contennido en la Reforma Política que permite a un ex dirigente de un partido político nacional asumir el cargo de consejero presidente del IFE, tenía como destinatario a Jorge Alcocer, gente cercana al senador Beltrones.
Ese fue el mensaje de los especialistas del foro convocado por el Universal. Transparencia en los nombramientos y en el ejercicio de las nuevas atribuciones para los funcionarios del instituto que traerán implícitas las reformas a la ley de la materia.
Pronto habrá un sisma en el partido que fundo Patricia Mercado y que ahora usufructua ese gigoló de la política que es Alberto Begné.
Nunca penso la luchadora Patricia Mercado encontrarse con un tipo tan mercenario como Begné que una vez terminada la campaña presidencia, le dió esquinazo a quien lo sacó del desempleo y le confió la dirigencia de su partido.
Y el reventón será a causa de la merma que la reforma electoral dejará a los mini partidos casi en la inopia. Y los compromisos de Bon Vivant de Begné ya no podrán ser satisfechos a costa del partido y no podrá volver a invitar a sus cuates al reventón.
AEROMEXICO QUEDARA EN MANOS NACIONALES.
La venta de la aerolínes mas importante del país, AerMéxico, será comprada a traves de Banamex por un grupo de empresarios nacionales entre los que figara María Asunción Aráburu Zavala.
Es una buena noticia porque ya se estaba especulando con otro caso de monopolio.
Los posibles sucesores de Luis Carlos Ugalde como presidente Consejero del IFE, son Jorge Alcocer, a quien le quieren hacer bueno el hecho de fue presidente nacional de un partido casi fantasma de manera fugáz, Federico Reyes Heroles, Jaime Sánchez Susarrey y Jorge Fernández Santillana y dos que los panistas tienen guardados para no quemarlos.SIGUE EN LA CUERDA FLOJA RAMÍREZ ACUÑA.
El Secretario de Gobernación sigue en la cuerda floja. Con las explosiones de PEMEX y su salida de las negociaciones de la Reforma Electoral, a Francisco Ramírez Acuña ya le andan buscando una embajada.
Suenan para sucederlo Germán Martínez Cázares, Josefina Vázquez Mota y el Jefe Diego Fernández de Cevallos.
Reforma en el IFE.
De acuerdo al dictamen de la reforma electoral que se cocina y ya está casi listo, el unos meses, es decir, a partir de que se publiquen los cambios en el diario Oficial, la remoción del presidente del Consejo General del IFE y dos consejeros dejarán sus cargos y los demás en una forma escalonada.
