Durante meses, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, ha estado sometido a una ráfaga de obuses disparados desde diversos frentes. El más conocido es el de la PGR, uno reciente proviene de un ala de Los Pinos, y advertido en las élites, el de un sector de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero del que nadie se había percatado hasta hace muy poco tiempo, es el del poderoso enemigo que está empeñado en hacer a un lado a García Luna: la DEA.
Por razones oscuras la DEA, el acrónimo en inglés de Agencia para la Lucha Contra las Drogas, está empeñada en vincular a García Luna con cárteles de la droga y hacerlo caer. La última irrupción se dio durante los interrogatorios a Gerardo Garay, ex comisionado interino de la Policía Federal Preventiva (PFP), y los ex agentes federales Jorge Cruz y Fidel Hernández, quienes fueron detenidos tras el operativo donde cayó Luis “El Rey” Zambada, donde quienes interrogaron insistieron en establecer una vinculación entre García Luna y el Cártel de Sinaloa. Reiteradamente, los tres negaron las imputaciones.
Los ex policías se encuentran en una prisión de máxima seguridad. Los dos agentes por trabajar para el presunto narcotraficante, y el primero, que los detuvo junto con su jefe Édgar Bayardo, por una acusación del robo de 500 mil pesos y una pistola. Los interrogatorios fueron realizados por las autoridades correspondientes, aunque de manera no aclarada, la PGR autorizó que agentes de la DEA participaran. Igualmente extraño, los agentes de la DEA fueron acompañados por Óscar Rocha, director ejecutivo del Centro de Planeación y Análisis para el Combate a la Delincuencia, que depende de la PGR, que dirigía hasta hace unos días Ardelio Vargas, quien fue despedido por García Luna de la PFP en 2007. Rocha es protegido del procurador general, Eduardo Medina Mora, tiene relación con generales que trabajaron con Vargas, y en últimas fechas lo ha acogido el asesor presidencial en materia de seguridad, Jorge Tello Peón. Medina Mora y Tello Peón tienen una posición antagónica a García Luna en la estrategia del combate al narcotráfico.
Todo este episodio donde la DEA es protagonista, no puede entenderse sin el contexto del caso de Jesús “El Rey” Zambada, detenido en octubre pasado, y de uno de sus actores centrales, el ex inspector de la División Antidrogas de la PFP, Bayardo, quien fue detenido en compañía de sus subalternos Cruz y Hernández por Garay. Bayardo, a quien Zambada le llamó para pedir su protección en el momento en que iba a ser arrestado, declaró que en efecto trabajaba para el presunto capo del narco, a quien había conocido desde 1997 en una casa del Distrito Federal donde también vio al finado jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo. Pese a ello, la PGR no le abrió ninguna averiguación previa, a diferencia de sus subalternos, lo que facilitó que se acogiera al programa de testigos protegidos y fuera trasladado por la DEA hace unas semanas a un destino secreto en Estados Unidos bajo otra identidad.
Ballardo fue contratado por Medina Mora en 2005, cuando estaba al frente del despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, donde terminó abruptamente su asesoría a fin de integrarse a la PFP, que manejaba en ese momento Vargas, rescatado tras su enfrentamiento con García Luna. Un vocero de la PGR dijo que al acogerse al programa de testigos protegidos, Bayardo hacía un gran servicio a México y a otros países. Lo que no dijo el vocero, es que Bayardo no era una persona desconocida para la DEA. Durante todo el tiempo que confesó haber trabajado para el Cártel de Sinaloa, la agencia estadounidense avaló siempre su trabajo.
La DEA depende del Departamento de Justicia, donde Rocha estableció una excelente amistad –ofrecida en bandeja de plata a Medina Mora- con el ex procurador general estadounidense Alberto González. Este funcionario cayó en desgracia a mediados de 2007, cuando fue obligado a renunciar por haber cometido perjurio en el Congreso, que investigaba su autorización de torturas contra presuntos terroristas. Los vínculos que se establecieron durante la gestión de González con la PGR, coinciden con los privilegios que se le entregaron a la DEA para operar en territorio mexicano, violando leyes nacionales y convenios bilaterales.
La participación de sus agentes en el interrogatorio es uno de los momentos extremos de las canonjías que les ha otorgado la PGR, y la forma como realizaron los interrogatorios sobre Garay, Cruz y Hernández, para tratar de incriminar a García Luna, tampoco tienen precedente. Lo que sí se ha dado en el pasado es que la DEA, en ciertos momentos coyunturales, ha utilizado a sus testigos protegidos para difamar a funcionarios mexicanos y diseminar propaganda en su contra. Ninguno de los funcionarios a los que ha señalado a través de filtraciones periodísticas, ha resultado culpable.
Tampoco han podido establecer indicio alguno que pudiera vincular a García Luna con el crimen organizado, pero la DEA está lejos de cejar en sus intentos. Al viejo estilo, está comenzando a circular entre periodistas extranjeros la especie de que el secretario de Seguridad Pública no está tan limpio como se presupone, sin mayor respaldo salvo los dichos de agentes antinarcóticos. En esta pugna coincide con la que ha desatado por meses la PGR desde las oficinas más influyentes de la dependencia. Los estrechos vínculos que hay entre la DEA, Medina Mora y Rocha, no prueban de ninguna manera una conspiración en contra de García Luna, pero sí muestran el tamaño del enemigo que enfrenta el secretario.
