Diálogo sordo con el EPR
El lenguaje político suele ser dodecaédrico. Puede tener hasta doce caras o significados diferentes. La respuesta que el gobierno federal ha dado al EPR sobre un posible diálogo es un ejemplo de ello.
Debemos suponer que la comunicación entre un gobierno establecido y un grupo disidente armado es para iniciar una “discusión o trato en busca de avenencia” (RAE). Sin embargo, en el gobierno y en el PAN tienen por lo menos cinco significados distintos de lo que debe ser un diálogo.
1) Conversación condicionada: el gobierno acepta dialogar con el EPR siempre y cuando éste acepte previamente diversas condiciones. Una de ellas, que sea un encuentro directo, bis a bis, sin intermediarios. Otra, que la agenda no se reduzca al tema de la desaparición forzada de los dirigentes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez. La respuesta en sí misma es un triunfo inicial para el EPR, porque le extiende oficialmente un reconocimiento político que le había sido denegado. Hace apenas unos meses el EPR era considerado un movimiento terrorista, no de reivindicación social, y aliado involuntario de los cárteles de la droga, ya que su actividad subversiva distraía la atención del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el nuevo reconocimiento del gobierno es dodecaédrico, ya que trae consigo más posturas movedizas que actitudes afirmativas.
2) Diálogo como exclusión: el EPR solicitó una mediación (no diálogo) y el gobierno respondió con una invitación a establecer una comunicación directa. Sin embargo, este paso adelante vino acompañado de tres pasos hacia atrás, dibujando no un diálogo incluyente sino abiertamente excluyente. Al rechazar una comisión de intermediación, el gobierno incurrió en una exclusión política de fondo al dejar fuera del proceso a quienes pudieran fungir como puente o “amigables componedores” entre dos polos opuestos. Se puede argumentar que toda intermediación, así sea de buena fe, corre el riesgo de distorsionar o enrarecer una negociación. Sin embargo, la comisión de intermediación garantizaba un elemento clave que ahora está ausente: la confianza, elemento que debe privar en una negociación de esta naturaleza, entre un gobierno y una guerrilla.
3) Diálogo como discriminación: la reducción de la comisión de intermediación a la figura de “testigos sociales” es, en realidad, un veto más que un voto a favor de un hipotético acuerdo de distensión. El sentido discriminatorio de la postura del gobierno quedó de manifiesto con el rechazo a la participación de la senadora Rosario Ibarra, así fuera en calidad de invitada de piedra, en un virtual proceso de negociación. Con ese veto el gobierno no sólo evidenció la superficialidad con la que está tratando un tema tan complejo, sino que mostró la enorme dosis de desconfianza y prejuicios que le inspiran sus interlocutores.
4) Diálogo como presión judicial: para el gobierno federal el diálogo es una variable dependiente, no independiente o autónoma, de las investigaciones de la PGR sobre los atentados a los ductos de Pemex. Es decir, la mesa del diálogo que ofrece el gobierno tiene forma de espada de Damocles. “Una vez sentado, si te paras EPR, te espera la PGR”. “Si no aceptas los términos del acuerdo, tenemos una nueva ley contra el terrorismo que criminaliza la protesta social y nos urge estrenar”, son los mensajes implícitos. El antecedente inmediato de esta judicialización del diálogo político se llama Flavio Sosa. El líder de la APPO fue detenido por el actual gobierno camino a la Segob, donde tenía una cita para suscribir un acuerdo contra los bloqueos en Oaxaca. No tiene nada de extraño ese proceder. Para la derecha mexicana, los diálogos más convincentes y sólidos son los que se hacen desde la prisión.
5) Diálogo como rendición: sin embargo, el sentido más acabado de este ejercicio de acercamiento de posturas lo ofreció el presidente del PAN, Germán Martínez, al señalar que “no se pude dialogar con quien tiene una pistola en la mesa” y al condicionar cualquier posibilidad de encuentro a la renuncia previa de sus métodos de lucha, es decir, a la capitulación y rendición del movimiento.
Este entorno nos indica que el diálogo ofrecido por el gobierno al EPR tiene al menos cinco caras o sinónimos, Contrarios todos a una auténtica conversación en busca de acuerdos: condición, exclusión, discriminación, judicialización y rendición. Es, por decir lo menos, un diálogo raro, extraño, sin secuencia lógica. Un diálogo sordo (“conversación en la que los interlocutores no se prestan atención”, RAE). Esperemos no sea el reflejo de una postura sórdida.
