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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández sostiene que con las reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad pública que aprobó el Congreso caminamos hacia un Estado autoritario extra legal, y realmente autoritario.

Antiguamente (con los gobiernos priístas), explica el ombudsman nacional a La Jornada teníamos un Estado autoritario, pero que actuaba al margen de la ley, ahora con las reformas aprobadas por las Cámaras de Diputados y Senadores caminamos hacia un Estado autoritario bendecido por la Constitución.

En entrevista Soberanes Fernández sostiene: “las reformas constitucionales aprobadas ésta semana en materia de Justicia y Seguridad Pública limitan las garantías y los derechos humanos.

¡No eran necesarias!, ¡No son las que necesita el país! Se fueron –los legisladores – por el camino más fácil”.

Como titular de la CNDH manifiesta su preocupación por la limitación a las garantías y a los derechos humanos, porque se ha autorizado a las policías a entrar a domicilios particulares con la presunción de un riesgo inminente a la vida y a la integridad de las personas, cuando en la Carta Magna estaba garantizada la inviolabilidad del domicilio.

-¿Doctor éstas eran las reformas que realmente se requerían en el país en materia de Justicia y Seguridad Pública?

-No, yo creo que no es lo que necesitaba el país. Que entren las policías a las casas sin orden judicial, ya sabemos lo que puede pasar. La constitucionalización del arraigo era innecesaria, que se permitan cateos sin orden de un juez es un retroceso.

-¿En su opinión, éstas reformas limitan los derechos humanos y las garantías constitucionales?

-Sí, desde luego. En mi opinión esos cambios no eran los que requería el país para hacerle frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico.

Debieron hacer una reforma integral en la materia, pero no, se fueron por el camino más fácil.

-¿Esta fue la vía fácil?

-Sí, porque además ni siquiera garantiza una mayor eficacia en la procuración de justicia. Si hubieran querido mayor eficacia se necesitaba una reforma penal integral, revisarlo todo, y no nada más darle más garras al Ministerio Público, porque en un Estado de Derecho, la autoridad tiene que hacer su trabajo, respetando los derechos humanos, y la autoridad que en su trabajo no los respeta, rompe el Estado de Derecho porque actúan de manera arbitraria, al menos esas han sido las experiencias que hemos tenido en este país, en el pasado, un Estado autoritario.

-¿Cómo queda México en el contexto internacional, llevando a la constitución que la policía entre a las casas sin orden judicial, el arraigo hasta por 80 días y los cateos a cualquier hora?

-México queda mal, porque precisamente la tendencia mundial es en el otro sentido es ir ampliando los derechos humanos y las garantías, y ahora se les da manga ancha a los policías que no saben de derechos humanos.

-¿Hay senadores que opinan que vamos en el mismo camino que Estados Unidos, restringiendo los derechos humanos y las garantías?

–Pues vamos mucho peor que ellos. Porque los estadounidenses no tienen en sus corporaciones policíacas bastante corrupción como nosotros, y eso hace que en México, esta situación – las reformas recién aprobadas – se vuelvan mucho más peligrosas.

- ¿Es válido el argumento del ejecutivo de que eran necesarias éstas reformas para poder combatir al crimen organizado?

-Hay que reconocer que toda la lucha contra el narcotráfico, es hacerle el trabajo sucio a los gringos, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Tradicionalmente somos el tránsito de la droga, bueno, pues ellos tienen qué cuidar su zaguán.

Quien tiene que cuidar a los estadunidenses, son sus autoridades, no nosotros. A ellos, no les importamos un cacahuate, matan a nuestros migrantes, no nos entregan nuestros tesoros, si a ellos no les importamos como país, por qué vamos a tomar por ellos una posición francamente humillante.

Nosotros somos los que hacemos su trabajo.

-¿Esa reforma se puede impugnar?

-No, porque es del constituyente. Por ninguna vía se puede impugnar, lo que hay que hacer es seguir levantando las voces de abogados, académicos, investigadores, organizaciones de defensa de los derechos humanos, la izquierda, de todas las organizaciones que quieran que se corrija el rumbo del país.

Este no es el camino.

-¿Se puede acudir a instancias internacionales como la CIDH o la ONU por la limitación a las garantías y derechos humanos?

-Las posibilidades ahí están, pero creo que se debe protestar, levantar la voz, llamar a que se corrija esta situación.

-¿Sólo protestar?

-Ahorita por lo pronto sí. No nos vamos a levantar en armas. Hay que hacer la protesta pacífica.

-¿Considera este tipo de medidas como desesperadas?

-Más que medidas desesperadas, son medidas poco reflexionadas.

-¿Estaría de acuerdo en que con estas acciones México sigue lineamientos de Estados Unidos para restringir derechos?

-Ahí está todo lo que han hecho en Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 en contra de los derechos humanos. Usted mencionó restricciones en aquél país a la libertad de expresión, a la de manifestación, a la libertad.

La política migratoria que como consecuencia de ellos ha dirigido ese país contra los migrantes es completamente violatoria de los derechos humanos. Y creo que por ahí vamos.

-¿Los senadores del PRD señalaron en tribuna que esto es un retroceso?

-Claro, es un retroceso.

-¿Con estas reformas que van en camino al autoritarismo, podemos esperar medidas más severas?

-Hay que ver que todas las acciones contra el crimen organizado, han fracasado. Este no es el camino. No es ésta la reforma que se requería, sino una integral, de fondo, que revisara todo.

(La Jornada)